CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.
Desde el domingo que fue publicada, la reforma al Poder Judicial obliga a la extinción de 11 fideicomisos de órganos judiciales y a emprender acciones para la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025.
La reforma judicial asigna tareas al Instituto Nacional Electoral (INE), al Congreso y al Poder Judicial Federal (PJF), a través de artículos transitorios que deben ser aplicados desde el primer día de su publicación.
La Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral tienen que iniciar, de inmediato, la extinción de 11 fideicomisos con casi 17 mil millones de pesos, que deben enviar a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
La Judicatura, por su parte, tendrá que implementar un plan de trabajo para transferir sus recursos, personal e inmuebles al Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que lo reemplazará el 1 de septiembre de 2025.
Por su sola entrada en vigor, la reforma prolonga hasta agosto de 2027 los nombramientos de los cinco magistrados de Sala Superior del TEPJF que debían salir en 2024 o 2025, y hasta agosto de 2025 los de tres consejeros de la Judicatura que terminaban en noviembre.
En tanto, 10 de los 11 Ministros y Ministras tendrán hasta la fecha de cierre de la convocatoria electoral -aún por definir- para aceptar la oferta de renunciar y quedarse en el puesto hasta agosto de 2025, a cambio de obtener su haber de retiro.
Ministros, magistrados y jueces también tendrán que decidir si participan en la elección de 2025, mientras que el CJF debe colaborar con el Senado para que éste determine los puestos en juzgados y tribunales que serán sometidos a voto popular.
La elección
El proceso para la elección judicial extraordinaria de junio de 2025 inició esta semana, y en los siete días siguientes, el Consejo General del INE realizará su primera sesión para la etapa de preparación, similar a lo que ocurre en las elecciones tradicionales.
A más tardar el 16 de octubre, el Senado deberá emitir la convocatoria para que los tres Poderes integren las listas de candidatos que participarán en la elección, y dichos Poderes tendrán que crear Comités de Evaluación para calificar a los aspirantes.
En la convocatoria, el Senado fijará la fecha límite para recibir las listas de quienes competirán, a nivel nacional, por 16 cargos en la Suprema Corte de Justicia, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y la Sala Superior del TEPJF, y en los estados, por alrededor de 850 puestos de juez de Distrito y magistrado de Circuito.
En ausencia de leyes secundarias, se faculta al INE para regular la organización, cómputo, vigilancia y fiscalización de esta elección por medio de acuerdos.
