Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

El ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se amparó para que la Secretaría de Seguridad Pública no le “rote” a los 56 policías que lo cuidan a él y su familia.

La decisión que emitió el juez octavo de distrito Faustino Gutiérrez López de Reynosa, es para mantener a policías estatales que son de su confianza y que se encuentran protegiendo para que nadie los agreda.

Cabeza de Vaca, argumentó que se están violando los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana, los cuales establecen que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Esta acción se da en medio de una discusión legislativa que busca reformar el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 19 Bis de la Carta Magna del estado, y dejar solamente el texto que garantiza medidas de seguridad y de protección durante el tiempo que los funcionarios permanezcan en el cargo y no como ex funcionarios.

Uno de los objetivos que ha logrado el ex gobernador con el juez octavo de distrito y quien le ha concedido todos los amparos que ha solicitado, es que, de llegar aprobarse esta reforma, Cabeza de Vaca mantendrá a los mismos agentes policiacos que tiene a su mando actualmente.

Dentro del acuerdo emitido, se destaca que “se concede la suspensión provisional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan”.

Se destaca que el amparo provisional integrado en el expediente 1431/2023 contempla la audiencia incidental para el próximo 23 de mayo a las 9:57 de la mañana para determinar si sigue firme el amparo o se desecha, mientras se estudia el fondo de la reforma que plantea la bancada de Morena en el Congreso local.

Es decir, de continuar el fallo a favor del ex mandatario, el Congreso de estado se vería impedido de aprobar en el pleno esta iniciativa dictaminada en Comisiones.

La iniciativa que propuso Morena el 26 de abril, busca eliminar la seguridad como el PAN lo propuso, es decir, que todos los ex funcionarios que hayan tenido relación con el tema de seguridad en la administración estatal tendría protección por el tiempo en que duraron en el cargo pero pueden solicitar un periodo más si las condiciones así lo requieren.

Actualmente hay 56 agentes que le dan seguridad al ex gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca, a cada uno de sus hijos y esposa, así como a los ex secretarios generales de gobierno César Verástegui Ostos y sus hijos así como al actual diputado federal Gerardo Peña Flores y el ex secretario seguridad pública.

La medida que otorgó el juez federal quien ha sido señalado por diputados de Morena de otorgar beneficios al ex gobernador del estado, advierte que si el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas Sergio Chávez García desobedece el acuerdo, será acreedor a una multa de $10 mil 374 pesos a $103 mil 740 pesos como corrección disciplinaria.

“Se estima que se encuentran reunidos los requisitos legales para el otorgamiento a la parte quejosa de la suspensión provisional de los actos reclamados”, establece el juez que ha beneficiado a los panistas en sus decisiones.

Se insiste que el Congreso de Tamaulipas, con mayoría de Morena, se ve impedida para quitarle los escoltas a Francisco García Cabeza de Vaca, hasta entonces resuelve el Poder Judicial si se han violados sus derechos constitucionales.

En contraparte, los diputados en el Congreso necesitarían 24 votos para tumbar, no solo la reforma panista que logró darle protección al ex gobernador, sino el mismo amparo federal porque se lograría una reforma constitucional.

Morena propuso en el Congreso una reforma Constitucional para eliminar la seguridad a los exgobernadores y los funcionarios que hayan ocupado cargos relacionados en materia de seguridad pública como los fiscales de justicia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Isidro Vargas Fernández y propone regresar el ordenamiento como estaba hasta septiembre del 2021, cuando la ley otorgaba las facultades para que el ejecutivo pudiera asignar escoltas a los funcionarios estatales.

Actualmente, y después de una reforma aprobada que permite elevar a “rango constitucional” el otorgamiento de medidas de seguridad y protección previstas para servidores y ex servidores públicos, permite que el ex gobernador del Estado tenga hasta 30 elementos de seguridad para él y su familia más cercana que, en este caso, resida en Tamaulipas o en el territorio mexicano.