CIUDAD DE MÉXICO.
La planeación y aplicación de las medidas de protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen entre cinco y 12 años de haber sido actualizados.
Estos instrumentos sirven para planear las políticas públicas que se implementan ante desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos. También definen las zonas vulnerables en una localidad determinada ante éstos y otros fenómenos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Tlaxcala es la entidad con más rezago en la puesta al día de su atlas de riesgos, actualizado por última vez en 2006. Le siguen Sonora (2007); San Luis Potosí (2008); Hidalgo y Puebla (2009); Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2010).
Aguascalientes lo actualizó en 2011; Durango, Edomex, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en 2012, y Nayarit, Querétaro y Tabasco en 2013.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizados estos mapas y responsabiliza a la Federación de vigilar su cumplimiento, pero no especifica un plazo para su renovación.
Desde 2015 legisladores federales han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos a actualizarlos cada tres años.
ENFRENTAN RIESGOS CON ATLAS CADUCOS
En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizados por última vez.
En la mayoría del territorio nacional los gobiernos planean y despliegan la protección civil en su demarcación utilizando atlas de riesgos hasta con 12 años de haber sido actualizados por última vez.
Estos instrumentos sirven para planear la política pública que implementan contra desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes y hundimientos, entre otros.
Sin embargo, 19 de las 32 entidades federativas operan hoy con mapas geográficos actualizados entre 2006 y 2013. Por ejemplo, Oaxaca, entidad que sigue en reconstrucción tras los terremotos de septiembre pasado, define sus zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres con un sistema modificado por última vez en 2010, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.
La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizado su atlas de riesgo y responsabiliza al gobierno federal de vigilar su cumplimiento, pues dicha información integra el Atlas Nacional de Riesgos.
Sin embargo, aunque la ley no especifica un periodo fatal de actualización de los atlas, con estos datos se hacen evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, simulan escenarios de desastres, se emiten recomendaciones y establecen medidas de prevención y mitigación.
