El próximo 31 de agosto cierra la 65 Legislatura, tanto en la cámara de Diputados Federales
como de Senadores.

Apenas en el mes de enero, se publicó una reforma que evitaría la coexistencia de dos
legislaturas a partir del mes de agosto del 2024.

En septiembre del 2023, por unanimidad se aprobó la reforma al código 65 constitucional, para
corregir “el oso” que permitía tener dos legislaturas en funciones, es decir, mil diputados y 256
senadores.

Los grupos parlamentarios explicaron en ese momento que, con esta modificación que surgió
del Pacto por México, y quienes recorrió al mes de agosto el inicio de la próxima legislatura,
pero no acortó el término de la actual.

Por ello, los legisladores decidieron dejar ese artículo tal como estaba hasta antes de la
reforma política de 2014, para que las legislaturas federales inicien funciones el primero de
septiembre cada tres años.

Es decir, el próximo 31 de agosto culminan su labor legislativa tanto Diputados Federales como
Senadores.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, los diputados federales de la 66 legislatura,
durarán en el cargo 36 meses, a partir del 1 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de agosto del
2027.

Los senadores electos de la 66 y 67 legislatura, durarán en sus cargos 72 meses, computados
a partir del 1 de septiembre de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2030.

Quienes dejaron sus cargos legislativos a nivel federal, pero conquistaron un cargo de elección
en el Congreso del Estado, estarán en un mes sin fuero, es decir, sin la protección
constitucional de inmunidad.

En ese escenario se encontrarán personajes como Ismael García Cabeza de Vaca, Vicente
Verastegui Ostos y el mismo Gerardo Peña.

Los tres forman parte de la lista de candidatos plurinominales del PAN y que pueden acceder al
Congreso del Estado a partir del 1 de octubre del 2024, una vez que tomen protesta, muy
posiblemente el 30 de septiembre de este mismo año.

Un escenario que puso el maestro Arnoldo Huerta, durante una mesa de debate que produce el
Periódico Expreso, es que, habrá un mes en que, quienes brincan de un cargo federal, en este
caso, al Congreso del Estado, no tendrán fuero constitucional hasta el 1 de octubre.

Las opiniones o análisis diarios, no habían reparado en lo que será este hecho y nos lleva a
pensar entonces qué va pasar con el estatus jurídicos del aun senador con licencia Ismael
García Cabeza de Vaca.

El senador del PAN, enfrenta una acusación por delitos federales, y quizás por ello, ni apareció
durante el periodo de campaña y mucho menos en las elecciones del 2 de julio, pisó el territorio
mexicano para votar.

Incluso, se mantienen los rumores de que no llegaría a tomar protesta, pero un debate más que
arrojó Huerta, fue el de hasta dónde la ley permitiría que tomara protesta de manera virtual,
después de que la pandemia del Covid19 permitió hacer uso de esta herramienta para muchas
actividades.

Además, con estos 30 días sin fuero, la Fiscalía General de la República -FGR- tendría acción
legal para poder detener a Ismael y si bien se aterrizan aspectos legales por la justicia federal,
políticamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a quien, le quedará un mes como
Presidente, no se le olvidan las humillaciones y persecuciones además de la guerra sucia que
cometió el gobierno de Cabeza de Vaca.

Ahora bien, algunos militantes del PAN, aseguran que Ismael sí podrá tomar protesta en el
Congreso del Estado, tendría fuero y lograría la inmunidad procesal.

Pero también, no descartan entonces que, en medio de los cambios constitucionales que
Morena hará desde el Congreso del Estado, por tener una mayoría calificada y más, podría
promover un proceso de desafuero en contra del panista Ismael.

La historia ya mostró y la misma Corte dejó firme que, el fuero constitucional te lo otorgan las
autoridades locales, en ese momento, el Congreso le otorgaba fuero al entonces gobernador y
como diputado local recibiría el mismo derecho.

Solo que la Suprema Corte, declaró que, serán los Diputados Locales por las dos terceras
partes quienes decidan quitar el fuero a quienes cometan delitos federales y no lo podrá hacer
un Congreso Federal.

De esta manera, el criterio de los Ministros es que, le dan facultades a las legislaturas locales
para que sean las encargadas de resolver si continuará un proceso de desafuero contra algún
servidor público del estado por delitos federales.

(El artículo 111 de la Constitución federal establece que, en primera instancia, la Cámara de
Diputados determina la procedencia de un desafuero para que los congresos locales
determinen si se continuará el proceso. En el artículo se establece que “los estados procedan
como corresponda” —en caso de desafuero—, no hay mandato expreso de sólo acatar”.

Por cierto que, ese aval, se aprobó en marzo del 2024, y validó una reforma a la Constitución
de Tamaulipas que fue impugnada a través de la acción de inconstitucionalidad 112/2021 que el
PAN y el ex gobernador promovieron en la Corte en marzo del 2021.
Secuestro fue por deuda de franquicia

El secuestro del empresario restaurantero José Ventura Castillo Ramirez en la ciudad de
Reynosa, surge por no haber pagado 3.5 millones de pesos por una franquicia del “El
Guachinango”, propiedad de Juan González Lozano y quien murió en marzo de este año.

Pero antes, dejó el encargo a su hijo Eduardo González cobrar esa deuda a José Ventura,
quien es el padre de Verónica Castillo senadora suplente electa por Morena y quien sostuvo
una relación sentimental con Juan González.

Las investigaciones de la Fiscalía, descartaron que grupos delictivos estén involucrados en el
caso y no es que los exculpen, solo que a nivel nacional se vino una cargada contra Tamaulipas
de que la delincuencia, era el responsable de estos últimos hechos pero al menos en este
evento no.

Las investigaciones están revelando hasta este momento que, el hijo del empresario Juan y
quien por cierto era Director de la Oficina Fiscal de Reynosa, sería el responsable de haber
planeado el secuestro de José Ventura Castillo quien se negó a pagar su deuda de 3.5 mdp.

En la audiencia con el Juez de Control, la fiscalía tendrá una carpeta de investigación robusta
porque hay confesiones firmadas por parte de los involucrados en los que también se
encuentra Jared Alberto Domínguez quien habría diseñado el plan para el secuestro.