Se informa que los gobiernos de México y los Estados Unidos aportaron a la justicia italiana, las pruebas de los testigos protegidos que acusan a Tomás Yarrington Ruvalcaba de formar parte de la delincuencia organizada y es muy seguro que sea extraditado a los Estados Unidos, ya que con ello se vinieron abajo los argumentos de qué era un perseguido político.

Sin embargo, sería importante conocer la información que se envió a Italia, porque existen colaboradores de Yarrington que siguen muy activos en la vida política y pudieron heredar sus compromisos y acuerdos que estableció con los grupos de la delincuencia desde que era gobernador de Tamaulipas.

Estos testimonios de los testigos protegidos afectarán sin duda el proceso judicial que a Eugenio “Geño” Hernández Flores se le sigue en Tamaulipas, ya que en uno de los testimonios se asegura que Geño estuvo en una reunión en el rancho El Tinieblo con Yarrington y los Jefes de los Cárteles que existen en Tamaulipas y sí de Italia envía a Yarrington, es seguro que desde aquí se lleven al ex gobernador victorense.

Cambiando de tema. Si la división de poderes funcionara realmente en México, tendríamos un presidente de la República limitado por el poder legislativo y judicial y creemos que habría una sociedad más participativa, libre y democrática.

Tendríamos un sistema político muy diferente al que tenemos y es posible que esto sería muy favorable para la ciudadanía, ya que todo acto de impunidad o corrupción sería señalado y penado por la justicia.

Comentamos esto, porque aún en este tiempo existe mucha ignorancia e ingenuidad sobre lo que hacen los diputados federales del PRI en su labor legislativa.

Y es que los legisladores priistas en las cámaras de diputados y senadores, sólo acatan los mandatos del Poder Ejecutivo y por lo tanto su margen para sugerir o proponer alguna ley o su reforma está acotado o es nulo.

Esto es lo mismo que sucede, año con año, cuando se elabora el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y ellos, los diputados federales del PRI, solamente lo aprueban y esperan a que la secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del presidente de la República se los envíe.

Es decir, los legisladores priistas se someten al mandato presidencial y su derecho a sugerir, opinar o proponer es nulo y no porque