Hace más de 40 años, el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra impulsó con visión de Estado la creación del Puerto Industrial de Altamira, que hoy es uno de los cuatro grandes motores del comercio marítimo nacional y punto estratégico de atracción para capitales internacionales.

Hoy, su hijo y actual gobernador, Américo Villarreal Anaya, repite la historia —pero a su modo y con sello propio— al inaugurar el Puerto del Norte en Matamoros, una obra largamente esperada que abre una nueva etapa para Tamaulipas y para el desarrollo logístico del noreste del país.

No fue casual ni improvisado. Detrás de este proyecto hay cabildeo político, planeación técnica, voluntad federal y visión geoeconómica. Américo tocó puertas en Palacio Nacional con López Obrador, y las mantuvo abiertas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así se consolidó el respaldo institucional para una obra que eleva a Tamaulipas a categoría de eje marítimo y energético.

El pasado sábado, en un acto cargado de simbolismo, acompañado por el almirante José Barradas Cobos, por el capitán de altura Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, y por directivos de la firma internacional Mota Engil, Villarreal Anaya dio el banderazo de salida al nuevo puerto. Con ello, no solo se inaugura una infraestructura, se instala una nueva narrativa de poder regional.

Los números hablan por sí solos:
• 8 mil millones de pesos de inversión pública y privada.
• 1,100 hectáreas de espejo de agua.
• 770 hectáreas de tierra firme (340 para el recinto portuario y 430 para expansión industrial y comercial).

Esto es logística, sí. Pero también es territorio, soberanía y presencia geopolítica. Tamaulipas ya no es solo frontera terrestre: ahora también abre una nueva frontera marítima.

Lo que viene no es menor: exportaciones hacia Europa, soporte a plataformas petroleras del Golfo, desarrollo de parques industriales, atracción de empresas globales, generación de empleo calificado y —lo más importante— una mayor autonomía económica para la región norte del estado.

La apuesta de Américo no es solamente técnica; es profundamente política: posicionar a Tamaulipas como actor central en la red energética y comercial del país. Y lo está logrando.

En tiempos de incertidumbre energética, conflictos globales y relocalización de industrias (nearshoring), el Puerto del Norte es una jugada estratégica.

Y por eso, más allá de los discursos inaugurales, este puerto será recordado como una de las piezas clave del legado político de Américo Villarreal Anaya. No solo por el concreto ni por los buques… sino porque construyó poder desde la infraestructura.

Guardia Nacional: extorsiones al comercio aéreo y portuario

La Guardia Nacional (GN) ha convertido aeropuertos y puertos en fortalezas de cobros extraoficiales: desde mil dólares hasta 50 mil o 80 mil pesos, dependiendo del agente o el trámite implicado. Ya no se trata sólo de trámites sino de una tarifa obligada para exportar o importar, una práctica que ha hartado a empresas y a intermediarios logísticos.

Los señalamientos son graves y recurrentes: choferes, importadores y acompañantes denuncian que operan como intermediarios coercitivos, retrasando embarques y exigiendo pagos para liberar cargas.

En el Aeropuerto del Norte, en Nuevo León, pilotos con más de 17 años de experiencia denunciaron un incremento arbitrario del 400 % en tarifas ilegales (TUA o uso de hangar) bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según ellos:
“Ese impuesto lo están cobrando… de una manera totalmente ilegal”  

En Cancún y Tulum, transportistas turísticos acusaron a la GN de extorsión sistemática:
“Cobros excesivos de 800 pesos por unidad para recoger pasajeros… detenciones ilegales, falsos cargos de alterar el orden público” 

Y en Guadalajara, los conductores de plataformas como Uber e InDriver revelaron que la GN exige “cuota semanal” para operar:
“Tres o cuatro días de la semana solo para pagarles su piso… los autos son llevados por grúas y luego se exigen mil a dos mil pesos para recuperarlos”. (Fuentes adnnoticias-Grupo Milenio

Empresas exportadoras y logísticas están atrapadas: estos pagos los hacen sus propios operadores, quienes temen represalias si se niegan a cooperar. Los montos oscilan entre mil dólares y 80 mil pesos, dependiendo del proceso y del aeropuerto o puerto.

El problema es estructural: desapareció el INM como mediador, y la GN, que no tiene funciones administrativas ni aduaneras, actúa como operador y juez del comercio exterior, cobrando sin marco legal regulatorio. No es difícil, a las empresas les ponen peros para no permitir la salida de algún contenedor y es hasta logran sus objetivos, que permiten la salida de las mercancías tanto de aeropuertos como de puertos o en las aduanas por vía terrestre, según versiones contadas por los mismos choferes y operadores de empresas que apoyan a sus clientes que exportan e importan.

Ante ello, es urgente que el secretario Omar García Harfuch ordene una investigación federal en aeropuertos clave como Nuevo León, Yucatán, CDMX y puertos marítimos. No basta con declaraciones: se requiere investigación, sanciones y auditores independientes.

El país no puede permitir que una fuerza armada de seguridad se transforme en una mafia extorsionadora dentro del propio comercio exterior. La autoridad debe actuar ya, antes de que las pérdidas reputacionales y económicas sean irreversibles.