A escuetos ejercicios comparativos se podría presumir, que algunos de los nuevos alcaldes en el estado se aumentaron el sueldo. Es cuestión óptica, de educación fiscal y financiera.

También, existe el análisis determinado por un conjunto de organismos que se ocupan de administrar los bienes del estado y regular las obligaciones fiscales, en donde se puede ver con claridad el verdadero fondo del asunto.

Me explico.

En las pasadas administraciones, el pago de sueldos y nóminas nunca se registraban ni lo reportaban ante la hacienda del tesoro ni a los portales de transparencia y, de esta manera por consecuencia, nunca cuadraron ni cubrieron el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Es decir, los gobiernos no metían lo que percibían a declaración y por lo tanto,  no jugaban en el ISR y tampoco en la  devolución de impuestos a la cual  tiene el derecho de solicitarlo cuando se cuenta con un saldo a favor con la declaración anual.

El aumento a las nóminas de los funcionarios, tiene una gran ventaja que finalmente beneficia al erario: los funcionarios tienen muchas deducciones personales que les permite que tengan saldo a favor en el impuesto, impuesto que finalmente es lo que obliga a las autoridades hacendarias a ejecutar la devolución del mismo.

A los ayuntamientos les beneficia en que se efectué un cumplimiento de ley y por consecuencia y de manera natural, transparente el gasto.

En un caso contrario, perciben algo que no deben de recibir porque de entrada y salida, estarían como lo estuvieron durante mucho tiempo: fuera de la ley.

Tan ilegal fue, que el principal elemento del que se nutre la contraloría del estado, son precisamente los gastos que no tienen soporte legal o documento comprobatorio; esa salida debe de aplicarse a una partida que por supuesto, auditará la contraloría mayor del estado.

El punto no es cuánto se suban, sino que lo declara el municipio y también el que lo recibe y es aquí, donde comienza para bien, el juego de la legalidad y la transparencia.

Ellos en  lo personal declaran y transparentan un beneficio personal y, con la devolución del impuesto, gana el municipio, gana el estado y gana la federación impactando por consecuencia en beneficio al erario público.

Al final es un juego de una bolsa a otra que provoca que exista el tan anhelado ‘circulante’.

El municipio lo tributa a la federación vía retención de impuestos y posteriormente, la federación lo baja a los municipios etiquetado para obra e infraestructura.

No es malo que se suban el sueldo, pues financieramente existe capacidad y se cumple con la ley.

Lo que sí es muy es malo, es simular que ganan poco y percibir todo de manera ilegal, irregular y sin cumplir con la ley… abriendo así, la puerta a los grandes aliados de los gobiernos anteriores: la corrupción, la complicidad y el delito.

Muchas gracias y hasta pronto…