Muchas veces los servidores públicos tienen mala fama, y no porque no hayan hecho la tarea o por alguna circunstancia especial, sino por el tipo de gente de la que se rodean. Ejemplos diversos hemos visto y vivido infinidad de ocasiones, y en el caso que nos ocupa, como es el relativo a la Comunicación Social o Prensa, hay muchas pero muchas personas que han marcado a sus jefes en forma negativa.
Cierto, es un tema que no se toca mucho, porque algunos editores ponen candados para que se manejen nombres de esos infieles que dispusieron del dinero público para su beneficio personal, aprovechando la posición en que se encuentran o encontraban, y logrando desviar muchos, pero muchos miles de pesos -millones- para su beneficio.
Alcaldes, gobernadores, secretarios y hasta presidentes han tenido ese problema en alguna ocasión en que no se explican el por qué la inversión oficial no rinde los frutos esperados, y la ejecución de obras de gran importancia no tiene el impacto social y comunicativo que debiera. En ese sentido, hemos de afirmar que sería mucho más completo el que el encargado de informar diera difusión a todo lo bueno que se hace, y también a lo que se ha dejado de hacer, para que el juez popular dictase sentencia aprobatoria o condenatoria de cualquier servidor público.
Pero nos falta mucho de lo que hemos perdido por años, y en ese sentido, algunos servidores públicos han tenido que salir avante con el trabajo cotidiano que, aunque no se difunde adecuadamente, sí tiene impacto, sobre todo en el gran lavadero que significan las redes sociales, donde cualquiera puede subir un comentario de alguien del ámbito oficial, para desprestigiar, adular o destrozar sin menoscabo de afectar su integridad, muchas veces, escondido en un cobarde anonimato o un ridículo “alias” con el que justifica su derecho a la libertad de expresión, cuando en realidad no saben lo que ello significa.
Libertad de expresión no es insultar al alcalde o al gobernador, y tampoco decir que se han robado el dinero: libertad de expresión es encontrar los fundamentos de ese comentario y publicarlos o difundirlos, pero con la certeza de que no harán leña de un árbol que no ha caído.
Tal es el caso de Ricardo Anaya, a quien han colgado uno y mil milagritos que no han podido ser comprobados. Nos recuerda lo que le sucedió a Josefina, aquella que soñó con ser presidenta y se topó con la diatriba y la difamación cobarde y anónima que daño su imagen y su campaña.
El asunto es que cualquiera se mete al lavadero de Facebook y comenta sin fundamento, dice y comparte con “likes” o comentarios malsanos lo que quiera, y no tiene el temor de que la ley le ponga en su lugar.
Urge, sinceramente, que haya orden en ese sentido, y que verdaderamente se castigue a quien con sus palabras dañe y no pueda comprobar que es cierto.
Las redes sociales son muy buenas, pero ha llegado la hora de detener esa arnicería mediática e informativa, donde cualquiera se ostenta como periodista, cuando la nuestra es una profesión que hay que estudiar y desarrollar.
No cualquiera puede o debe ejercerla, porque se requiere técnica, principios y compromiso social, por lo menos, para ejercer un periodismo responsable y ciudadano.
El grave, muy grave problema es que algunos de esos jefes de prensa alimentan a pseudo comunicadores y los hacen lanza contra sus adversarios políticos, y el servidor y su equipo de trabajo no saben que tienen al enemigo en casa, como sucede en cierta instancia oficial, en la que los que manejan la prensa lo hacen con intereses oscuros y particulares, grupales, olvidando su función institucional, para la que les pagan y muy bien, dañando significativamente la imagen de sus patrones.
Y eso, sinceramente, es más grave que nada, porque… ¿morder la mano que te da de comer a base de mentiras?
Como que no es de caballeros, de profesionales, ni de gente con una formación mínima adecuada.
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