La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas civiles dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en un modelo permanente del Estado mexicano. Lo que hace años era impensable —soldados administrando aduanas, marinos encabezando corporaciones policiacas y ahora la Guardia Nacional absorbida por la estructura castrense— hoy es la norma.

El costo de esa militarización ya dejó de ser simbólico, ahora es institucional, profundo y peligrosamente corrosivo.

Aristegui Noticias reveló información que estremece por su gravedad. La Fiscalía General de la República investiga una red de contrabando de combustible, huachicol fiscal, operada desde 2021 en aduanas controladas justamente por mandos militares.

Las investigaciones apuntan a Piedras Negras, Palomas y Ciudad Juárez, donde la presencia castrense se vendía como garantía absoluta de orden y honestidad.

Hoy esa confianza está hecha pedazos.
Uno de los principales investigados es el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, separado recientemente de la Aduana de Ciudad Juárez.

Su salida ocurrió tras el decomiso de nueve pipas cargadas de combustible ilegal, interceptadas por un doble retén de la FGR y la SSPC ante sospechas crecientes de corrupción dentro del mando militar.

La escena trastoca un discurso oficial repetido durante años: “los militares no se corrompen”. La realidad ya no permite sostener ese mito.

Pero lo más delicado no es el caso aislado. Es la tendencia.
Hoy no solo se piensa en mantener —de manera indefinida— a los militares en funciones civiles: se analiza otorgarles facultades de investigación e incluso un eventual retorno a posiciones clave dentro de la Fiscalía General de la República.

Y más: ya tomaron secretarías de seguridad pública y nada impide que en unos años busquen dirigir fiscalías locales, ocupar juzgados o aspirar a magistraturas. Si hoy administran aduanas y patrullan calles, mañana podrían acusar, investigar y juzgar. Una línea peligrosísima para cualquier democracia.

El riesgo es evidente: la tentación. Si en el huachicol ya se documentan casos que involucran a elementos del Ejército y de la Marina, ¿qué pasará cuando tengan control total del ciclo completo de seguridad y procuración de justicia?

Las Fuerzas Armadas poseen un prestigio histórico ganado a pulso; quienes han defendido con honor esa institución deben sentir un golpe profundo al ver que algunos de sus compañeros aparecen señalados en redes de corrupción que antes se atribuían exclusivamente al ámbito civil.

Lo que está en juego es más que la administración de aduanas o la participación en operativos. Lo que se discute es el tipo de país que seremos.

Por ahora, habrá que esperar para saber si los mandos militares regresarán a la FGR. Pero el contexto que hoy se conoce en torno a estas investigaciones debería ser suficiente para reflexionar, con seriedad y sin romanticismos, si México puede seguir depositando más poder en quienes están mostrando fisuras que jamás debieron aparecer.

Porque militarizar es una decisión sencilla. Desmilitarizar, en cambio, puede convertirse en una batalla que dure generaciones.

El saqueo silencioso en Comunicación Social

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre el desfalco de 560 millones de pesos en Comunicación Social no es solo un expediente más; es la evidencia palpable del saqueo sistemático que Francisco e Ismael Cabeza de Vaca ejecutaron durante su sexenio, arrastrando consigo a voceros convertidos en cómplices de su voracidad política y financiera.

Según las denuncias presentadas desde febrero de 2025, las auditorías a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022 revelaron una estrategia cuidadosamente diseñada para desviar recursos públicos mediante convenios de publicidad ilegales, operados con precisión por sus voceros Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara, quienes fungieron como escudos y operadores de un fraude descomunal.

Uno de los casos más escandalosos involucra al Club de Futbol Tampico-Madero, beneficiado con millonarias asignaciones disfrazadas de “promoción institucional”, mismas que fueron exhibidas públicamente en las conferencias del presidente López Obrador en junio y diciembre de 2022, y llevadas al Congreso por la bancada de Morena en diversas sesiones legislativas durante 2022 y 2023.

El daño provocado por los hermanos Cabeza de Vaca al presupuesto estatal se calcula en más de 560 millones de pesos, monto que ya fue turnado también al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine responsabilidades y sancione a quienes participaron en este saqueo estructural disfrazado de política de comunicación gubernamental.

Desde la cúpula de la 4T, el mensaje es inequívoco: no habrá espacio para la impunidad que por años protegió a los Cabeza de Vaca, y se ha dejado abierta la posibilidad de que la Comisión Instructora de la 66 Legislatura proceda al desafuero del diputado Ismael en cuanto llegue la solicitud formal correspondiente.

Mientras tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama avanza en el análisis jurídico que podría derivar en la cancelación del amparo que mantiene a Francisco Javier fuera del alcance de la justicia, pese a encontrarse en condición de prófugo desde hace más de un año.

La historia, por ahora, sigue escribiéndose. Y lo hace dejando claro que la red de corrupción tejida por los Cabeza de Vaca no solo alcanzó las estructuras del poder estatal, sino que utilizó el dinero destinado a informar a la ciudadanía para financiar privilegios, lealtades y beneficios personales disfrazados de política pública.