El 04 de enero de este año, el diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, propuso una reforma al Código Penal, para castigar con mayor rigor las agresiones en contra de los periodistas.

Un mes después, el 04 de febrero lo destacó en sus redes sociales y de entrada, pareciera que tiene un fin objetivo, pero no deja de sentirse esa suspicacia y dudas, porque fue en el sexenio de su hermano Cabeza de Vaca, donde más agresiones y crímenes hubo en contra de periodistas.

Sin pasar por alto que aquellos que eran defensores de derechos humanos y de las madres buscadoras o de los Colectivos de desaparecidos, recibieron un trato agresivo por tratar de hacer su libertad de expresión.

Incluso, ese texto en X, el diputado plurinominal lo emite, cuando unas horas antes su hermano se estaba quejando de periodistas de Tamaulipas, porque supuestamente hicieron circular un texto que él escribió, aplaudiendo la política de Donald Trump, en contra de los migrantes entre otro aspecto y lo cual, según el ex mandatario, resultó ser un fake y señaló que utilizaron su identidad.
En fin, mientras uno le pagaba a la prensa, el otro lo sobaba, ¿pues cómo?.

Recordando algunos de los eventos violentos y de las estrategias de ese sexenio, no se puede dejar de pensar que, ese mensaje de Ismael, es un mensaje de respaldo bajo el manto de la advertencia.

“Tamaulipas es uno de los 11 estados que aún no protege a los periodistas en su Código Penal… “No podemos permitirlo más”, escribió en X.

Y si en los siguientes días, ¿le llega a pasar algo a un periodista?. Con justificada razón saldrá el Diputado panista decir, ya ven, se los dije.

Puede ser el peor escenario y ojalá ya nunca más pase, pero desde el sistema oficial e incluso en la campaña de César Verástegui “El Truco”, no sólo reprimió a muchos reporteros, fueron amenazados e intimidados.

Los jefes de prensa de la campaña del PAN en el 2022 que no eran panistas, se enfundaron en esa vestimenta de maldad como Omar de la Fuente, ex jefe de prensa de la UAT, y decidieron irse contra reporteros, incluso, tomaron la decisión de clasificar a los que para ellos estaban con el PAN, y los que, para ellos, estaban con Morena.

Esa generación de jefes de prensa, fue violenta y puso etiquetas, sellos, clasificaciones y desde luego que hoy, no se arrepienten, es más, gozan resumir a la fecha que, fueron ellos quienes impusieron el terror para que la prensa se callará muchas cosas.

Cuatro años antes, en mayo del 2018 y en Ciudad Victoria, ya habían asesinado brutalmente al reportero Héctor González Antonio, además de ser en ese entonces, corresponsal del periódico Excélsior y del Grupo Imagen, sin pasar por alto el controvertido crimen a puñaladas de Carlos Dominguez en Nuevo Laredo.

Sin duda que, algo que cimbró al gremio periodístico fue la ejecución en contra del periodista Antonio de la Cruz, el 29 de junio del 2022, a fuera de su casa y cuando se encontraba en el interior de su vehículo, donde también ya estaba abordo su hija menor y quien días después falleció, por una de las balas que salieron del arma calibre 40 que usó el sicario que mató a Toño.

En agosto del 2018, en esta ciudad, Jesús Medina, Secretario General de la Asociación de Periodistas Desplazados, detalló en Ciudad Victoria, una lista de periodistas y blogueros asesinados entre el año 2000 al 2018. Sumaban en ese momento 26 asesinados y 24 periodistas desplazados.

La lista la encabeza Luis Roberto Cruz Martínez de Reynosa, Pablo Pineda (Matamoros); SanAntonio Martínez Gutiérrez (Matamoros); Felix Alfonso Fernández (Miguel Alemán); Roberto Javier Mora García (Nuevo Laredo); Francisco Arratia Saldierna (Matamoros); Dolores Guadalupe García Escamilla (Nuevo Laredo); Julio César Martínez Pérez (Reynosa); Ramiro Tello Contreras (Nuevo Laredo); Francisco Ortiz Monroy (Camargo); José Luis Villanueva (Ciudad Victoria); Miguel Ángel Domínguez (Reynosa); Pedro Arguello (Reynosa).

Así como David Silva (Reynosa); José Navarro Valdez (Reynosa); Guillermo Martínez Alvarado (Reynosa); Carlos Alberto Guajardo (Matamoros); Misael Esparza (Abasolo); Sean Lemus (Nuevo Laredo); Victor Manuel Calzado (Ciudad Victoria); Mario Chavez Jorge (Ciudad Victoria); Benjamín Galván (Nuevo Laredo); Adrian Gaona del Monte (Reynosa); Maria del Rosario Fuentes Rubio (Reynosa); Samira Esther Bautista (Ciudad Victoria); Carlos Dominguez (Nuevo Laredo); Héctor González Antonio (Ciudad Victoria).

“Poco a poco, han diseñado un manual para matar periodistas y les ha funcionado, porque no existe un solo caso que les haya sido ajusticiado”, citó en ese entonces Medina y es cosa de recordar los casos de Héctor González y Toño de la Cruz, para darle la razón.

Se pueden llegar muchas polémicas con este tema, y más, si se llega a ese lado oscuro que ha representado la relación de Gobiernos con la Prensa, pero los gobiernos que utilizan su poder para intimidar, callar o incluso, dejar entrever que se manda asesinar a periodistas, es lo más grave.

En contraparte, no hay que pasar por alto que en el gobierno de Américo Villarreal, no ha sido asesinado ningún periodista (y ojalá no suceda) y por el contrario, a sido el primer gobierno que decide darle Seguridad Social a los reporteros que no la tienen y no son reconocidos en sus medios de comunicación además de enfrenar bajos salarios.

Ahora bien, hasta el 26 de septiembre del 2024, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, había dejado 47 periodistas asesinados y aunque hay elementos legales para decir que el crimen organizado los asesinó, hubo casos donde la clase política fue la que ordenó su ejecución a través de grupos armados. Artículo19 documentó varios de los casos en el sexenio anterior y señala que con Peña Nieto también fueron asesinados 47 periodistas.

Organizaciones de libertad de prensa identificaron que López Obrador construyó un discurso estigmatizante contra los periodistas, a los que frecuentemente etiquetó con insultos como “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores” y “corruptos”. Artículo 19 identificó que dicho discurso solía crear un efecto cascada en autoridades locales y estatales, e incluso en ciudadanos.

En fin, las iniciativas no son malas, los antecedentes de los gobiernos, son los que alimentan las suspicacias.