La decisión del Congreso de Tamaulipas de resolver las cuentas públicas antes del arranque formal del proceso electoral, tiene una lectura política que difícilmente puede ignorarse.

A simple vista parece un asunto administrativo, pero en realidad busca desactivar uno de los instrumentos de presión más utilizados durante las campañas electorales.

Con la aprobación o rechazo de las cuentas públicas, antes de que inicie la competencia por las candidaturas, los diputados podrán sostener que actuaron sin presiones políticas ni cálculos electorales.

El mensaje alcanza por igual a alcaldes, gerentes de Comapas, titulares de organismos autónomos, institutos y secretarías. Nadie podrá argumentar que su cuenta pública fue utilizada para condicionar aspiraciones políticas.

La estrategia también obligó a la Auditoría Superior del Estado, a acelerar la revisión de expedientes para entregar dictámenes con mayor sustento técnico, imparcialidad y transparencia.

Con ello se cierra una etapa institucional antes de que la efervescencia electoral altere el ambiente político y complique cualquier decisión relacionada con el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, el verdadero fondo aparecerá después de las votaciones en el Congreso.

Porque una cuenta pública aprobada, no necesariamente extingue responsabilidades administrativas, civiles o penales, cuando existan elementos suficientes para continuar investigaciones.

Ahí comenzará otra historia, donde el Poder Legislativo, el Ejecutivo y las instancias jurisdiccionales tendrán la responsabilidad de actuar con independencia y sin distingos partidistas.

La verdadera prueba llegará si alguno de los aspirantes de Morena, actualmente al frente de un ayuntamiento o de un organismo público, decide romper la disciplina política del movimiento.

Será entonces cuando podrá comprobarse si las instituciones actúan conforme al Estado de Derecho o si resurgen prácticas que durante décadas caracterizaron al viejo régimen político.

Sería un grave retroceso que los expedientes públicos dejaran de ser instrumentos de fiscalización para convertirse nuevamente en herramientas de negociación, presión o castigo político.

La rendición de cuentas debe servir para combatir la corrupción, no para administrar lealtades ni condicionar proyectos personales o electorales.

Paradójicamente, desde la oposición existe quienes observan con interés este escenario, convencidos de que cualquier fractura interna terminará debilitando a Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

No es un momento menor para el partido en el poder. Morena enfrenta un desgaste nacional provocado por investigaciones, escándalos de corrupción y señalamientos sobre presuntos vínculos de algunos de sus cuadros con la delincuencia organizada.

En ese contexto, cualquier diferencia interna adquiere mayor dimensión política y puede convertirse en un factor que complique la construcción de candidaturas.

Por eso las cuentas públicas no solo representan un ejercicio de fiscalización. También son una prueba de credibilidad institucional para demostrar que la ley se aplica sin intereses políticos.

Si ese principio se mantiene, el Congreso habrá enviado un mensaje de fortaleza democrática. Si ocurre lo contrario, volverán las sospechas de que los expedientes siguen utilizándose como moneda de cambio en la política.

Ninfa se mantiene en la jugada

Las declaraciones de Ninfa Cantú Deándar despejan cualquier especulación sobre una supuesta renuncia anticipada a competir en 2027. El mensaje fue claro: sigue en la ruta política.

Al afirmar que está “bien puesta”, la secretaria de Economía no lanzó una candidatura, pero sí evitó quedar fuera del tablero sucesorio y dejó abierta cualquier posibilidad.

Su postura también refleja disciplina política. Coloca por delante su responsabilidad en el gabinete y deja en manos del gobernador la definición de los tiempos electorales.

En política, quien se descarta suele perder terreno. Ninfa hizo exactamente lo contrario: ratificó lealtad institucional, pero sin renunciar a una eventual oportunidad cuando llegue el momento.

Con ello, la secretaria conserva presencia en la conversación política rumbo a 2027 y confirma que su nombre seguirá formando parte de las listas cuando Morena comience a definir candidaturas.