La exigencia de que el Consejo de la Judicatura Federal investigue a los jueces Juan Fernando Alvarado López y Faustino Gutiérrez Pérez en los distrito de Reynosa, puede abrir una nueva etapa de corrupción al interior del Poder Judicial.

No significa que hoy no se conozcan, porque en los pasillos del Poder Judicial, se habla de mecanismos, detalles, enlaces de cómo los jueces operan para otorgar beneficios y entre ellos, amparos. No hay hasta hoy denuncias directas o la presentación de pruebas legales que revelen la corrupción de estos jueces.

Sin embargo, los elementos que han presentado diputados de Morena en el Congreso del Estado, no solo deja un sabor de suspicacia, por lo que han hecho, se ve un favoritismo en las resoluciones para favorecer a sus ‘clientes’ del panismo.

Lo que llama la atención, es que en esta historia y tramas jurídicas, aparecen nuevos actores que empujan los actos de corrupción y que pronto saldrán a escena.

Se trata de tres hermanos que, también se encuentran en los juzgados de Reynosa y se habla que estos, son los que han ‘argumentado’ las resoluciones que emiten los jueces, pero también quienes reciben miles de dólares para responder a favor de sus clientes.

Todo parece indicar que esta historia, tendrá nuevos personajes y con ello, se va robusteciendo el papel, y no solo mediático, sobre el negocio que hacen los juzgados federales y en particular en Reynosa.

Estos personajes, también están relacionados en una ruta jurídica que fabricaron para alargar en el cargo, al Fiscal Anticorrupción Raúl Ramírez.

La ruta jurídica que diseñó el juez Juan Fernando Alvarado López, a favor del Fiscal Anticorrupción es muy combatible pero hasta hoy, nadie aparece en escena, para acortar los tiempos que ha conseguido el fiscal.

Solo para recordar, y apoyándonos con el juicio de Amparo 2834/2022 en el juzgado Séptimo de Distrito, que se puede consultar en el portal del Consejo de la Judicatura, el Fiscal se defiende contra los actos del Congreso del Estado de Tamaulipas y otras autoridades que incluye al mismo Ejecutivo.

El beneficio que le dio el juez Alvarado López, quien da beneficios a militantes del PAN entre ellos a la familia Cabeza de Vaca, es que cesaran de inmediato los actos que desacrediten a Raúl Ramírez, que deshonre, que afecte la reputación y la infamia frente a la sociedad, considerando la repercusión a la salud y posiblemente la vida de quien resienta esos ataques (es decir, si hablan de él o lo citan, le pueden provocar hasta la muerte…) de ahí que los morenistas no lo citan por su nombre o cargo.

La base primordial de esta ruta, es que logró que las cosas se mantuvieran como están. En el portal del SISE, se muestra que se le niega y concede la suspensión definitiva sin señalar los efectos, emitido este el pasado 17 de enero del 2023.

Con esa misma fecha, el juez Juan Fernando Alvarado López, declinó competencia al juzgado Décimo Primero de Distrito en Ciudad Victoria que encabeza la juez Rosa María Cortés Torres, con el número de juicio de amparo 110/2023, pero la juez declinó la competencia y lo regresó al juzgado Séptimo de Alvarado.

El uno de febrero, ese juzgado se declara no competente y envía el expediente al Tribunal Colegiado en turno para resolver y recae en el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa, bajo el expediente de conflicto Competencial 3/2023.

Suerte o arreglo, pero el Tribunal desechó el expediente porque ya existía antecedente en el Colegiado primero, de haber conocido otro recurso que deriva del juicio de amparo y por tanto, es quien debe conocer el caso, y es el 22 de febrero, cuando se admite el expediente 05/2023.

El primer Tribunal Colegiado tenía ocho días para resolver, de acuerdo a la Ley de Amparo, (aunque se tardan entre uno a tres meses).

La interrogante que surge es:¿Qué pasará una vez que el Primer Tribunal en Reynosa resuelva a qué juzgado le toca conocer el asunto?.

Los abogados advierten que se “sesionará el conflicto competencial” y serán diez días para que se emita la sentencia y si no cambian la ruta, será el décimo Primero de Distrito el encargado de resolver. Para ello, el Séptimo Distrito de Reynosa, tendrá que enviar el expediente a Ciudad Victoria y para ello, se puede tardar una semana.

Una vez que llegue, el juzgado de Victoria tendrá entre 6 meses y un año para resolver. Aunque con base a los diversos precedentes, se debería declarar improcedente dicho juicio de amparo y no entrar al estudio de fondo porque no se está en una resolución final, en donde se le haya removido al Fiscal Anticorrupción, sin que exista afectación.

Ahora bien, bajo ese escenario, el Fiscal podría impugnar esa determinación o caso contrario, si la resolución no es favorable para las autoridades del Estado, estas podrían impugnar y también tardará entre 6 meses a un año.

Podríamos estar hablando que, para destituir al Fiscal Anticorrupción pasarán al menos un año y medio o dos años.

Esto se pudo haber evitado, sin haber dado publicidad a los resultados de la evaluación de confianza y así haber evitado que presentará juicio de amparo. También se pudo haber evitado que se alargará por tanto tiempo el juicio amparo, pero no. La ruta jurídica que le regaló el juez al fiscal, no tiene bloqueos y la única esperanza es que el Consejo de la Judicatura investigue a los juzgadores de Reynosa.