La Reforma Electoral que se perfila en el Congreso de la Unión no solo reordena reglas, también altera equilibrios. Lo que se anuncia como modernización comienza a generar tensiones estructurales profundas.

El rediseño del sistema de representación proporcional ha encendido alertas en varias dirigencias partidistas. PT, Verde y Movimiento Ciudadano ven reducir espacios que durante años garantizaron presencia legislativa, si la reforma se aprueba como ha sentenciado Claudia Sheinbaum.

El corazón de la disputa está en los plurinominales. De los 200 actuales en Diputados, solo 97 serían asignados entre quienes, sin ganar distritos, obtengan las mejores votaciones por partido.

Habrá 95 por votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. 8 más serán mexicanos residentes en el extranjero.

El modelo plantea que los 500 integrantes de la Cámara de Diputados sean electos mediante voto directo. Trescientos por mayoría relativa y el resto bajo un esquema mixto reconfigurado; todos tienen que salir a pedir el voto.

En el Senado, la integración quedaría en 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Se elimina la representación proporcional como mecanismo autónomo.

Ahí emerge el principal riesgo político. Sin representación proporcional en la Cámara Alta, se abre la puerta a una sobrerrepresentación que podría debilitar uno de los contrapesos democráticos esenciales.

Si en 2024 el límite de sobrerrepresentación ya provocó crisis política, mantener la norma vigente sin ajustes podría reproducir el conflicto en futuras legislaturas.

Hay aciertos parciales. Se rompe, al menos en parte, el monopolio de las cúpulas para decidir listas. El orden de prelación dependería ahora de la votación obtenida.

También se plantea separar el voto: uno para mayoría relativa y otro para representación proporcional. Esta diferenciación permitiría al elector modular su respaldo y fomentar mayor pluralidad legislativa.

Sin embargo, el diseño no resuelve completamente el problema estructural. La mezcla entre reducción de espacios y mantenimiento de reglas actuales mantiene viva la discusión sobre equilibrio parlamentario.

El proyecto incluye un recorte del 25% al costo electoral. INE, OPLE, partidos y tribunales deberán operar con menos presupuesto y menos estructura administrativa.

Se propone disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, bajo el principio constitucional de que nadie puede ganar más que la Presidenta.

Además, se elimina duplicidad de funciones en órganos electorales y se ajusta el número de regidurías municipales conforme a población, con un tope máximo de quince.

Habrá candados financieros. El INE podrá acceder oportunamente a operaciones de partidos y candidatos. Se prohíben aportaciones en efectivo y se canalizan recursos exclusivamente vía sistema financiero.

Los tiempos oficiales en radio y televisión se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora durante campañas, ajustando exposición mediática y costos.

Se reafirma la prohibición de heredar cargos públicos a familiares directos y se elimina la reelección consecutiva a partir de 2030 en todos los niveles.

Pero el verdadero dilema no está en los candados ni en la austeridad. Está en el equilibrio entre representación y gobernabilidad.

Reducir presupuesto, personal y profesionalización del INE mientras se le asignan mayores atribuciones crea una ecuación delicada que podría afectar capacidad operativa.

El coctel es complejo: menos recursos, más responsabilidades y un sistema electoral más sofisticado logísticamente.

Modernizar no significa debilitar. Si el ahorro presupuestal se traduce en fragilidad institucional, el remedio puede resultar más costoso que la enfermedad.

La reforma avanza con narrativa de austeridad y democratización interna. Pero en el Senado, la sombra de la sobrerrepresentación puede convertirse en el verdadero campo de batalla político.

Porque en materia electoral, el diablo siempre está en los detalles. Y esos detalles aún no han sido plenamente discutidos.