Tamaulipas amanece este martes con una fotografía inédita: el primer Poder Judicial surgido de las urnas. Ciento cuarenta y siete jueces y magistrados tomarán protesta con la legitimidad que hasta ahora solo habían tenido el Ejecutivo y el Legislativo.

El acto solemne en el Polyforum de Victoria no es un trámite más. Es el inicio de un nuevo paradigma que marcará si la justicia tamaulipeca se sacude sus viejos vicios o se queda atrapada en la sombra de la simulación.

Tania Contreras López, como magistrada presidenta, tendrá el reto de encabezar este parteaguas histórico.

Su liderazgo no solo será simbólico, será la primera prueba de fuego para demostrar que el Poder Judicial puede sostenerse con el voto ciudadano y no con acuerdos en lo oscuro.

El Congreso del Estado abrirá la sesión solemne con la presencia del gobernador Américo Villarreal y toda la clase política. Pero lo que importa no es la pasarela política, sino lo que harán —o dejarán de hacer— quienes ahora ostentan la toga con el respaldo democrático.

No es un secreto que en esta elección hubo claros y oscuros, tonos de blanco y negro que todavía generan suspicacias.

La legitimidad de origen no basta: los magistrados y jueces tendrán que mostrar con hechos que no llegaron para repartir favores, sino para impartir justicia.

El Pleno del Supremo Tribunal, integrado por magistradas y magistrados como Teresa Blanco, Guillermina Reynoso, Griselda Vázquez García, Minerva Cáceres Vázquez además de Ignacio García Zúñiga, Adrián Sánchez Salazar, Oscar Lara Sosa, Raúl Robles Caballero y Esteban Etienne, tendrán que decidir pronto si quieren ser recordados como un muro de contención contra la impunidad o como un eco más del pasado.

La ciudadanía ya cumplió con su parte: votó y legitimó este nuevo esquema.

Ahora la responsabilidad es de ellos. La justicia en Tamaulipas tiene, por primera vez, el rostro de las urnas. Y con ello, el reto más grande: no traicionar la esperanza depositada en el cambio.

Borrega sin visa

El viernes pasado, en el Puente Internacional de Matamoros-Brownsville, el diputado federal del Partido Verde, Mario López “La Borrega” Hernández, fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos. Hoy se confirmó su expulsión y la cancelación de su visa, lo que lo coloca en la lista de indeseables para ese país.

No es la primera vez que se le cierran las puertas. Antes ya había perdido su pase SENTRI, un beneficio que se cancela por “pérdida de confianza”. Ahora, la medida va más allá: Washington simplemente no quiere verlo en su territorio.

Matamoros ya conoce esta humillación en carne propia: la diputada Adriana Lozano estuvo retenida cinco horas en la frontera y el alcalde Alberto Granados corrió la misma suerte. Un patrón que exhibe cómo la desconfianza de Estados Unidos alcanza a la clase política fronteriza.

“La Borrega” presume ser parte de la 4T, pero en 2024 pidió votar contra Morena y su sufragio fue para el PAN. Coherencia política nunca fue su fuerte. Su verdadero pleito no es con Washington, sino con su enemigo en casa: el alcalde Beto Granados.

Al final, la imagen es demoledora: un diputado federal que no puede cruzar al país vecino porque ya no le creen. Y en política, perder la confianza es peor que perder la visa.