Omar García Harfuch no solo trae bajo el brazo la estrategia de contención contra grupos criminales, ahora también despliega un movimiento de carácter político que, aunque sutil, tiene una carga evidente.

En las últimas semanas, el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana ha multiplicado reuniones con distintos sectores sociales, pero una de sus jugadas más significativas ha sido la atención personalizada a empresarios de la comunicación. En Tamaulipas, por ejemplo, algunos editores de medios relevantes han visitado directamente su oficina en encuentros individuales, no colectivos. Y eso, en política, nunca es casual.

La lógica detrás de este tipo de reuniones apunta más allá de los reportes de seguridad. Se trata de tender puentes, generar cercanía y sembrar confianza en espacios clave de influencia. Los editores no solo reproducen información, construyen percepciones y, en un escenario de disputa futura, son piezas vitales para moldear la opinión pública.

García Harfuch sabe que, aunque hoy su papel es mantener la contención de la violencia y acotar el huachicol, su nombre sigue colocado en el tablero de la sucesión. No pudo competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX —López Obrador lo vetó en su momento—, pero eso no lo sacó de la carrera mayor: la presidencial del 2030.

El hecho de que editores de Tamaulipas tenga estas reuniones en privado revela dos cosas: primero, la necesidad de Harfuch de construir relaciones uno a uno, sin intermediarios; y segundo, la intención de enviar un mensaje de poder a quienes lo escuchan: no soy solo un policía, también soy un operador político con proyección nacional.

De aquí al 2027, su nombre seguirá apareciendo como carta fuerte de la 4T. Pero el 2030 es la fecha real en su calendario, y lo sabe. Quien hoy se sienta frente a un editor en Tamaulipas, mañana buscará sentarse frente a un electorado que aún recuerda las narrativas de seguridad fallida.

Lo cierto es que García Harfuch no se esconde. Usa su cargo para reforzar la imagen de hombre de mano firme contra el crimen, pero también de figura capaz de dialogar con sectores económicos y mediáticos. Una doble jugada que, en un país con memoria corta pero con medios atentos, se traduce en capital político.

El problema es si esa estrategia lo sostendrá frente al desgaste natural de la seguridad pública —siempre un terreno minado— o si terminará siendo rebasado por la propia inercia de la violencia.

Por ahora, Harfuch juega en dos tableros: la seguridad del presente y la política del futuro. Y en ambos, cada movimiento cuenta.

Recorte a Tamaulipas: ¿mensaje político disfrazado?
El anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2026 no solo trae números: también trae señales. El recorte de 301 millones de pesos al Ramo 33 en Tamaulipas, por segundo año consecutivo, no puede leerse únicamente como un ajuste técnico. En política, los presupuestos suelen ser un mapa de poder, y aquí la cartografía muestra un trato desigual que coloca al estado en la mira.

Mientras a nivel nacional el Ramo 33 crecerá un 2.6%, Tamaulipas encadena dos años de reducciones. El golpe más severo está en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con más de mil millones menos. El mensaje es claro: la salud pública, uno de los temas más sensibles para cualquier gobierno, será el flanco más expuesto. Y lo será justo en un estado que, con fronteras abiertas, migración constante y rezagos históricos, no puede darse el lujo de recortar cobertura.

La paradoja es que otros fondos sí crecen. El FONE, que paga la nómina educativa, se incrementa; también lo hacen el FORTAMUN y el FAIS. Esto sugiere que el ajuste no es uniforme, sino selectivo. ¿Por qué castigar a la salud y premiar la nómina? ¿Quién gana y quién pierde con esa decisión?

La lectura política es inevitable: a la Federación le interesa mantener el control de la nómina magisterial y las transferencias directas a municipios, pero deja a la deriva al sistema estatal de salud, justo donde los gobiernos locales cargan con la presión social más fuerte. El costo político, claro está, no lo pagará la Federación: lo pagará el gobernador en turno.

Este escenario abre un terreno fértil para la confrontación. El gobierno de Tamaulipas podría utilizar el recorte como bandera de reclamo frente a la Federación, alegando un trato inequitativo. Pero también el PAN y sus aliados, en la oposición, pueden usar la narrativa del “abandono federal” para golpear al partido en el poder, exhibiendo cómo la 4T prioriza su agenda nacional por encima de las necesidades locales.

No es casualidad que este ajuste llegue en la antesala de la disputa electoral de 2027. El presupuesto se convierte en un instrumento para medir fuerzas, marcar territorios y preparar el terreno de la competencia política. En ese sentido, el Ramo 33 deja de ser un asunto técnico y se transforma en un campo de batalla político.

El verdadero reto estará en cómo se administre la crisis: ¿convertirá Tamaulipas el recorte en un argumento de presión política y negociación con la Federación? ¿O se quedará en la resignación y el discurso victimista que, al final, no resuelve el problema de los hospitales sin recursos?

Lo cierto es que el presupuesto 2026 llega con aroma de confrontación. Y en ese escenario, el que sepa capitalizar la narrativa del recorte —ya sea para reclamar o para justificar— llevará ventaja en la arena política de los próximos meses.