Américo Villarreal cerró la semana como la empezó: en modo operativo, con un pie en la tierra y otro en la Corte. Mientras la mayoría de los actores políticos apenas calientan motores tras el reacomodo administrativo en algunas dependencias pero en particular por los grupos que se organizan al interior del partido en el gobierno buscando adelantar los tiempos, el gobernador parece decidido a mantenerse en movimiento. Literal.

En siete días recorrió medio estado y parte del país. Inició en Victoria, revisando obras deportivas; voló a la Ciudad de México para hablar de agua con empresarios holandeses —un tema que se volvió delicado tras las promesas incumplidas del sexenio anterior—; y luego regresó para repartir patrullas como si fueran fichas del plan de paz transexenal.

Lo más político, sin embargo, no fue lo visible. Fue lo simbólico: Américo fue el primer gobernador que se reunió con el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Un movimiento silencioso, pero con mucha lectura entrelíneas. Tamaulipas quiere meter la cuchara en la cocina donde se cuece la transformación judicial, y eso no es casualidad.

En la frontera norte, el gobernador encabezó la reunión de seguridad en Miguel Alemán y entregó 63 patrullas. En El Mante, repitió la fórmula: mesa de coordinación y 69 unidades más. En los hechos, se refuerza la estrategia de seguridad con presencia, patrullas y discurso de proximidad… pero todavía falta saber si los indicadores acompañarán el relato.

Y como si hiciera falta más contraste, cerró la semana en la Facultad de Veterinaria de la UAT, hablando del gusano barrenador. Una imagen extraña pero útil para el gobernador: hablar de sanidad, prevención y control, en momentos donde otros están enfocados en grillas y acomodos.

En resumen: mientras algunos apenas se reubican tras un proceso de elección judicial e incluso buscan adelantarse a nuevos procesos, Américo apuesta por el músculo operativo y el perfil institucional, con guiños a la 4T federal y una narrativa que quiere distinguirse del pasado inmediato. El desafío, claro, será mantener el ritmo… sin que la realidad le estropee la coreografía.

Primer revés para la Fiscalía Anticorrupción

En medio de la disputa política y judicial que se vive en Tamaulipas, el caso del exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, se convirtió en una prueba temprana —y contundente— para medir la fuerza, o más bien la fragilidad, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Un juez federal le concedió al panista un amparo definitivo para evitar que sea procesado en prisión preventiva justificada, lo que en términos legales representa un giro importante: Rivas no ha quedado libre de responsabilidad, pero enfrentará su proceso en libertad, fuera de los muros de una celda.

La medida cautelar que la Fiscalía pretendía imponerle se sustentaba en una acusación por ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, derivada de un hecho ocurrido durante su gestión como alcalde de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la carpeta judicial, en junio de 2020, en plena pandemia, el entonces presidente municipal autorizó la compra de un predio a sobreprecio, generando un daño al erario público estimado entre 55 y 60 millones de pesos.

El terreno fue adquirido por el municipio a la empresa Inmuebles Grand Boulevard, cuyo representante legal era Rafael Pedraza Domínguez, quien fue su suplente durante el primer periodo como alcalde.

El conflicto de interés es uno de los elementos más sólidos en la acusación y convierte este caso en uno de los procesos por corrupción municipal más emblemáticos del estado. De ser encontrado culpable, Rivas podría enfrentar una condena de hasta 18 años de prisión.

Pero más allá del caso individual, la resolución judicial representa un revés severo para la Fiscalía que encabeza Jesús Eduardo Govea. Se trata de la primera gran prueba pública de la fiscalía anticorrupción, y el primer intento serio por llevar a un exalcalde panista a prisión. El resultado: el juez federal frena esa intención, por lo pronto, y le da la razón al acusado en el terreno de las garantías constitucionales.

No se trata de un carpetazo. El proceso sigue. Pero el amparo marca un precedente incómodo para la Fiscalía, que empieza a enfrentar cuestionamientos sobre la solidez de sus expedientes y los alcances reales de su estrategia judicial.

Si los casos no están bien integrados, si las pruebas no resisten la lógica de un tribunal federal, el aparato anticorrupción corre el riesgo de parecer más una herramienta de presión política que un órgano eficaz de procuración de justicia.

El primer round lo ha ganado Enrique Rivas. La pregunta ahora es si la Fiscalía aprendió algo del golpe o si seguirá lanzando acusaciones sin blindaje jurídico. En política y en derecho, los errores no solo se cobran en tribunales; también se pagan en legitimidad.