A Cabeza de Vaca y su PAN cabecista les aterra la llegada de Tania Contreras López al Poder Judicial. No es para menos: perderán el blindaje que les dio el Tribunal cuando fue su tapadera.

Desde Texas, el ex gobernador mueve a sus marionetas políticas y mediáticas para montar una campaña de calumnias contra la magistrada electa antes de que asuma el 1 de octubre.

El motivo es claro: como Consejera Jurídica, Tania armó los expedientes de la corrupción azul que hoy tienen a un ex secretario en prisión y a otros con orden de aprehensión.

El miedo se les nota. Porque Contreras López revisará las cuentas que dejaron… y ahí no hay manera de mentir.

Perder el control del Supremo Tribunal de Justicia significa para Cabeza de Vaca perder un bastión de protección. Él mismo lo convirtió en tapadera de su gestión, premiando con magistraturas a sus más fieles operadores.

Por eso el miedo. Porque Contreras López llegará con la lupa sobre las finanzas que heredaron. Y bien dicen: el miedo no anda en burro… ni en Vaca.

La muerte silenciosa de las compensaciones

La reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, recién publicada en el Periódico Oficial del Estado, no es un simple ajuste administrativo. Es, en los hechos, el inicio de una cirugía mayor en el esquema salarial del aparato gubernamental: el fin de las compensaciones.

Quienes han estado dentro del servicio público saben que, muchas veces, el sueldo base es apenas la mitad —o menos— de lo que realmente percibe un directivo.

El resto son compensaciones, gratificaciones y conceptos que se manejan con cierta discrecionalidad bajo la justificación de “disponibilidad presupuestal”. Esta bolsa extra ha servido lo mismo para premiar lealtades políticas que para retener perfiles clave.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, intenta matizar el impacto: asegura que los salarios están “cuidados” y que el recorte podría sentirse únicamente en gratificaciones.

Pero la realidad es que esta reforma, aprobada por la 66ª Legislatura, abre la puerta para desmontar un esquema que durante años funcionó como válvula de escape en la burocracia estatal.

El cambio no solo toca el bolsillo de directores y mandos medios; redefine la relación entre responsabilidad y remuneración. En teoría, busca justicia salarial y eficiencia en el gasto público.

En la práctica, puede provocar una fuga de talento hacia el sector privado o el desplazamiento de perfiles técnicos por operadores políticos dispuestos a trabajar por menos… o por fuera del marco legal.

Más allá del ajuste administrativo, hay una pregunta que no debe pasarse por alto: si el gobierno ahorra millones de pesos al eliminar compensaciones, ¿dónde se invertirá ese dinero?

La transparencia no se limita a quitar privilegios; exige demostrar que cada peso recuperado se destina a áreas prioritarias y no a alimentar nuevas estructuras burocráticas o campañas disfrazadas de programas sociales.

En el discurso oficial, la medida es un paso hacia un gasto responsable. En el terreno político, es una jugada que puede reconfigurar el mapa de poder al interior de las paraestatales. Porque en política, el que controla el dinero, controla las lealtades.

Y aquí radica el verdadero fondo del asunto: la reforma no solo elimina un privilegio, también mueve las fichas de un tablero donde las lealtades se compran y se venden. El reto será demostrar que el ahorro no terminará en las manos equivocadas y que, por una vez, el recorte no sea el disfraz perfecto de un reacomodo de poder.

Educación y Poder Judicial: Primer Puente

En tiempos en que la política parece vivir de la confronta, el encuentro en Oaxaca entre el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, y los rectores de universidades públicas, incluido el de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, abre un capítulo distinto: el del diálogo entre el Poder Judicial y la academia.

No es un gesto menor. El máximo tribunal del país, históricamente distante de los foros universitarios, se sienta ahora a construir una agenda conjunta en torno a educación, justicia e igualdad. En la práctica, se trata de reconocer que la defensa del Estado de derecho también pasa por las aulas y que el conocimiento jurídico no puede seguir aislado de la realidad social.

La presencia de Aguilar Ortiz, jurista de origen mixteco y con un discurso anclado en la equidad educativa, le da un peso simbólico adicional: la justicia debe ser cercana, incluyente y con sentido comunitario. Y si algo quedó claro en Oaxaca, es que la academia y el Poder Judicial pueden formar un frente común ante los desafíos que hoy enfrenta el país.

El reto será que este acercamiento no se quede en foto de cortesía ni en promesas de “agenda conjunta”, sino que derive en políticas tangibles que se sientan en las comunidades universitarias y, sobre todo, en las regiones donde el acceso a la educación y a la justicia todavía es un privilegio.