En política hay gestos que valen más que cualquier discurso. La noche del Grito de Independencia, el gobernador no solo encabezó una ceremonia patria: mostró fortaleza, confianza y liderazgo en el momento justo.
Mientras algunos buscan en el rumor y la intriga la manera de debilitar su mandato, lo que vimos fue lo contrario: un gobernador cercano, consciente de su investidura y respaldado por plazas llenas que confirmaron que en Tamaulipas la gobernabilidad no se discute, se ejerce.
El mensaje fue claro: el poder no se mide en especulaciones ni en campañas de lodo, sino en la capacidad de convocar y mantener la confianza ciudadana. El mandatario lo demostró con un gesto sencillo pero contundente: celebrar con su gente, sin reservas y sin temor a la presión política.
Tamaulipas enfrenta retos complejos, como el país entero, pero la ceremonia del 15 de septiembre dejó otra lectura: la continuidad está asegurada y el gobierno mantiene firme el rumbo. Lo que se reflejó fue estabilidad, no debilidad.
La política exige serenidad frente al ataque y firmeza frente a la adversidad. Y esa noche quedó claro: el gobernador está más fuerte que nunca, con la energía para encarar los desafíos y con un respaldo ciudadano que lo acompañó con orgullo y esperanza en la fiesta patrias.
Matamoros hipoteca el futuro
El Congreso de Tamaulipas ha autorizado un nuevo endeudamiento para Matamoros por 52 millones de pesos que se pagarán en 24 meses, comprometiendo el FAIS, un fondo creado para infraestructura social en beneficio de los más pobres.
No es un asunto menor. Cada peso de ese fondo está destinado a llevar agua potable, drenaje, electrificación o servicios básicos a colonias marginadas. Sin embargo, ahora quedarán hipotecados para saldar una deuda que —otra vez— refleja la incapacidad de gobernar con orden financiero.
Lo más grave es que esta estrategia de endeudar al municipio no se entiende sin mirar hacia atrás. Todo apunta a que detrás de la decisión está la sombra de Adriana Lozano, la ex secretaria de Finanzas del gobierno estatal, quien ya hizo lo mismo en Tamaulipas: comprometer los recursos federales para adquirir deuda y luego refinanciarla.
Su influencia no es menor. Lozano mantiene un control evidente sobre Alberto Granados, en quien ha impuesto un gabinete a modo. El sello es claro: decisiones administrativas tomadas no para fortalecer las arcas públicas, sino para abrir espacios a intereses personales y de grupo.
La pregunta obligada es: ¿cómo justificar que un municipio que arrastra rezagos históricos termine usando dinero de los pobres como moneda de cambio para pagar créditos? El discurso oficial habla de inversión en infraestructura, pero la realidad es que el boquete financiero se cubre hipotecando el futuro.
El riesgo es evidente: comprometer hasta 25% de los flujos federales de Matamoros durante dos años significa menos capacidad de reacción ante emergencias, menos inversión en servicios básicos y más dependencia de créditos.
Y detrás de todo, la mano política de quien también es conocida por su afición a los casinos. La administración pública convertida en una apuesta donde el dinero que se juega no es propio, sino el de la gente.
Matamoros merece un debate más serio. Lo que hoy se plantea como una salida financiera es, en realidad, un retroceso social. Porque hipotecar los fondos del FAIS equivale a condenar a las comunidades más pobres a seguir esperando por el agua, el drenaje o la electrificación que por derecho les corresponde y seguramente al final de esta administración de Beto Granados se va observar el estancamiento que se extendió después del mal gobierno de Mario López “La Borrega”.