Esta elección está tomando un rumbo altamente peligroso. Los ánimos entre los candidatos de todos los partidos y sus seguidores van camino directo a la confrontación. Los desencuentros entre los gobiernos federal, estatal y municipal son cada vez más ríspidos, y la violencia física y verbal entre unos y otros está llegando a terrenos insostenibles.

A todo esto hay que añadirle la violación recurrente de la ley de parte de todos. El árbitro electoral como el IETAM o INE, están sordos, ciegos y mudos que toleran y son cómplices de delincuentes electorales que pisotean la ley en sus narices y no proceden; estamos ante un escenario inédito que puede terminar en un caos que puede romper la fragilidad del Estado de Derecho.

La expresión desafortunada del Presidente cuando dice que «sí estoy metiendo las manos en la elección de Nuevo León», da escalofrío porque siendo él, el referente del respeto a la ley, la está violentando, incluso invita e incita a que cada quien haga lo que se le pega la gana. Los gobernadores, están haciendo exactamente lo mismo.

En Tamaulipas, como en Nuevo León y el resto del país, todos sin distinción, están amenazando, hostigando a la gente para que voten so pena de ser despedidos de sus trabajos. El uso de recursos públicos, el reparto abusivo de despensas, es descarado.

El uso de las Fiscalías Estatales y Federales para perseguir y linchar a los enemigos políticos, se volvió una práctica ilegal que intimida e inhibe la lucha política. Lo vemos en Reynosa, con el candidato Carlos Peña Ortiz, o en Nuevo León con Adrián de la Garza y Samuel García, dos punteros en las encuestas por la gubernatura.

Existe también la orden de parte de las instancias del gobierno federal y estatal, para que la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cada uno en sus ámbitos, actúen de forma implacable ante cualquier intento de fraude electoral; no está descartado el uso de las armas, lo que genera temor y miedo desde ahora en los votantes.

Para algunos analistas especializados en estos temas, todo lo que está sucediendo, obliga a creer y pensar que vamos hacia una judicialización electoral que va a reventar todas las instituciones ante la cascada de demandas que se avecinan. Desde ahora, se puede asegurar que muchas candidaturas que hoy se presumen ganadoras, serán echadas abajo porque sin recato han violado la ley.

Y lo más grave y delicado de todo, es que no hay autoridad a quien creer, tampoco a quien acudir en esta montaña de ilícitos.

Muchos empiezan a hablar de un cataclismo electoral, el día después del 6 de junio.

Sin caer en pesimismos, todo apunta hacia allá. Ojalá y sea solo una falsa ilusión.