Todo mundo sabe que cuando Estados Unidos extradita a un narcotraficante extranjero, sea mexicano, colombiano, o de cualquier nacionalidad, lo quiere para dos cosas: quitarle el dinero y su fortuna ilícita, y arrancarle toda la información sobre quien y a quiénes benefició para luego usarla para chantajaer a gobiernos y políticos.

En Estados Unidos, todos los políticos y gobernantes mexicanos tienen sus expedientes, que en el momento en que ellos lo quieran, los filtran a la prensa o inician juicios legales en su contra.

El ejemplo más reciente lo acabamos de ver con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien apenas inició el juicio, soltó dos bombas informativas: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del narco, acusó el abogado que lleva su defensa, provocando con ello una sacudida en nuestro país, y aunque Calderón y Peña lo negaron, la opinión pública nacional le cree al abogado del Chapo, porque en nuestro país, así se cocinan las cosas.

¿Pero qué otra información revelará el Chapo mientras dure el juicio?, ¿Cuántos presidentes, gobernadores, ex gobernadores, senadores, diputados, alcaldes o funcionarios están temblando hoy ante más posibles revelaciones del narco que es juzgado en Nueva York?. El Chapo sabe demasiado, y como todos los narcotraficantes que han caído en manos de los gringos, han negociado información a cambio de que les apliquen penas menos duras, o los conviertan en “testigos protegidos”.

El viernes pasado, después de la declaración bomba del abogado del Chapo que embarró a Calderón y a Peña, un diputado de Nuevo León, decía en corto, “¿Se imaginan cuantos estarán temblando acá en nuestras tierras?”.

De acuerdo con datos de la inteligencia militar y la Marina, cuando Joaquín Guzmán se escapó de Puente Grande en enero del 2001, según se dice, con la complacencia de Vicente Fox, El Chapo estuvo casi un año en la Ciudad de México, y después salió a reconquistar el territorio del noreste del país, con el permiso y complicidad de los funcionarios foxistas. En diciembre del 2003 habría instalado casas de seguridad fortificadas y muy discretas en Monterrey en donde estuvo planeando lo que el llamó el “Asalto a Tamaulipas”. El Chapo quería Nuevo Laredo, porque era el mejor punto para pasar la droga a los Estados Unidos, y lo quería a costa de lo que fuera, así tuviera que enfrentarse a los carteles tradicionales del noreste del país, como así fue.

En Monterrey, El Chapo, ya con toda la protección del foxismo empezó a comprar y a someter jefes policíacos, generales del ejército e influyentes mandos de la marina. Pero también compró y sometió a punta de “plata y plomo” a políticos regios y a políticos tamaulipecos.

En diciembre del 2004, ya en Nuevo Laredo, el Chapo se paseaba como amo y señor de la frontera en medio de una sangrienta guerra que se agudizó en febrero y marzo del 2005.

El Chapo, dice el informe de la inteligencia militar ya tenía en la nómina a casi toda la nomenklatura policiaca, militar y política del noreste, “no había un político que estuviera fuera de su radar económico”, dicen.

Desde entonces el noreste del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se convirtieron en zona de guerra. El Chapo a quedarse con el territorio, y los cárteles tradicionales de la región a defender sus parcelas de poder; esa sangrienta guerra, es fecha que aun no termina, pero ya entre otros grupos delincuenciales que se disputan plazas y territorios.

Toda la información, de lo que empezó en el noreste en el 2003, y en el resto del país, el Chapo y su abogado la tienen en la mesa hoy. Información caliente que toma relevancia y que salpica a muchos que hoy tiemblan al saber que empiecen a aparecer sus nombres en las filtraciones de prensa.

El Chapo sabe demasiado, y lo que se filtró la semana pasada, en el arranque de su juicio, que durará, dicen, por lo menos dos años, es apenas el inicio de lo que viene.

En México, desde la semana, pasada muchos beneficiarios del Chapo en el pasado, no pueden dormir. Las bombas están activadas.