La llegada de militares a la Alcaldía de Altamira desató rumores de todo tipo. Nadie entendía qué pasaba, pero la ausencia del alcalde Armando Martínez encendió las dudas.

Mientras los mandos militares, la Guardia Estatal y la Fiscalía se reunían en el edificio, el presidente municipal brillaba por su ausencia. La versión oficial habló de una reunión de seguridad. La versión de la plaza fue más ácida: “Anda con problemas graves, de divorcio y de dinero”, murmuraban.

Armando no apareció. Pero donde sí se le ve sonriente es en las reuniones de Morena. Ahí se queja de que no lo dejan brincar a la diputación federal, paso previo a la gubernatura.

El problema es que lo que empezó como un sueño político ya parece un berrinche. Martínez lanzó su amenaza: si no le cumplen, renunciará a la 4T y volverá al PRI.

Algunos priistas reconocen que lo ha buscado. Pero lo que no dicen en público es que pide demasiado. Y en el PRI no hay chequera para pagarle un regreso dorado. Incluso tendría que financiar su propia campaña, y ni eso le asegura una candidatura.

Martínez ha tocado la puerta del tricolor con la mediación de Mercedes del Carmen Guillén Vicente. El intento, hasta ahora, no prende.

Su salida de Morena —si ocurre— no sería un movimiento estratégico, sino una traición abierta. Una más al estilo de la política del sur, donde la lealtad se vende barato y los Carmona dictan el manual de la traición.

Armando juega con fuego. Y la soberbia, tarde o temprano, quema.

El saqueo de la Borrega
En Matamoros ya no quedan dudas: las cuentas de Mario López Hernández, mejor conocido como “La Borrega”, huelen a fraude. Prometió un megaproyecto urbano con ciclovía, clínica deportiva, gimnasio, alberca semiolímpica y áreas recreativas de primer nivel en El Laguito… y lo único que quedó fue el engaño.

El diputado morenista Víctor Manuel García Fuentes lo dijo sin rodeos: la Auditoría Superior del Estado debe investigar a fondo dónde quedaron esos recursos. Porque si hubo partida presupuestal, lo mínimo que merece la ciudadanía es saber si alguien se la gastó en otra cosa. Prometer no empobrece, pero engañar sí tiene que costar.

No fue la única promesa incumplida. “La Borrega” también presentó con bombo y platillo un plan de “resurrección urbana” para reconstruir el puente colapsado en 2018. Ni puente, ni plan. Pura propaganda y discursos vacíos.

La cuenta pública de 2023 ya exhibe un boquete financiero: 180 millones de pesos en observaciones, de los cuales 160 pertenecen a las dos gestiones de Mario López. La herencia para el nuevo alcalde, Alberto Granados Favila, fue devastadora: un Ayuntamiento sin dinero, sin personal y con una deuda que asfixia los servicios básicos.

Lo más grave es que los excesos y desfalcos no son anécdotas aisladas, sino un patrón de corrupción que se incubó durante años sin que nadie pusiera freno. Las llamadas “obras fantasmas” son el rostro más burdo de ese saqueo.

Matamoros paga hoy las consecuencias de administraciones irresponsables y de políticos que usaron el poder como botín. La Auditoría Superior y la Comisión de Vigilancia del Congreso tienen la obligación de ir más allá de los dictámenes técnicos: deben fijar responsabilidades administrativas y, donde corresponda, penales.

Porque si “La Borrega” cree que puede pastar tranquilo con el dinero público, el Congreso y la ASE tendrían que recordarle que no todo queda en el olvido.