En Tamaulipas, las clínicas estéticas dejaron de ser terreno libre. Hoy están bajo el bisturí de la Coepris, que aplica una revisión quirúrgica al sector para poner fin a las negligencias mortales y devolverle credibilidad al turismo de salud.

El organismo, encabezado por Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, realiza una auditoría a fondo en clínicas privadas donde se practican cirugías estéticas sin infraestructura ni personal certificado. No se trata solo de sancionar, sino de corregir y prevenir antes de lamentar más víctimas.

Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya y con respaldo del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, la Coepris implementó un plan de acompañamiento técnico con los propietarios de las clínicas para regularizar servicios, personal e instalaciones médicas.

El programa busca garantizar que cada procedimiento se realice con seguridad, ética profesional y cumplimiento sanitario, tres pilares que durante años fueron relegados por el lucro fácil y la simulación médica.

Sin embargo, cuando se detectan irregularidades graves o resistencia a cumplir con la ley, Coepris actúa sin titubeos y ordena el cierre inmediato. Reynosa ya registró los primeros casos, y hay investigaciones en Matamoros, Nuevo Laredo y la zona conurbada del sur.

La dependencia planea publicar un padrón digital de médicos certificados y especialistas en cirugía estética, disponible en sus redes y portales oficiales, para ofrecer certeza al paciente antes de cualquier intervención.

Además, se verificará la operación de quirófanos, el uso de anestésicos y el manejo de medicamentos para evitar riesgos durante los procedimientos. Ningún aspecto quedará fuera de supervisión.

La estrategia de Coepris busca devolver transparencia y confianza al sector médico-estético, evitando nuevos escándalos que manchen el prestigio del turismo de salud tamaulipeco.

“Queremos clínicas seguras, pacientes protegidos y médicos responsables. Esa es la ruta”, afirma personal cercano a la dependencia, convencido de que la salud y la belleza pueden convivir bajo reglas claras y estrictas.

En Tamaulipas, la cirugía estética debe dejar huellas en el cuerpo, no en las estadísticas. Y hoy, la Coepris demuestra que también sabe operar con precisión.

El mini SAT de

CDV a la FGR

Hace una semana, Francisco García Cabeza de Vaca declaró en medios nacionales que no debatiría con Humberto Prieto porque “todo eran mentiras”.

Pero los hechos ya no se debaten, se documentan. El Congreso de Tamaulipas aprobó un exhorto para que la FGR investigue.

El tema que parecía político hoy tiene base jurídica: la creación del SATET, un organismo estatal con facultades que solo pertenecen a la Federación.

Esa estructura, según el Congreso, operó entre 2020 y 2021 para embargar pipas, mercancías y realizar verificaciones sin sustento legal.

Prieto Herrera lo llamó “SAT pirata azul”, símbolo de un modelo de gobierno que convirtió la fiscalización en instrumento de control político.

Los operativos, relatados en la exposición de motivos, no solo fueron ilegales, sino también un ensayo de poder paralelo al federal.

El Congreso aprobó la propuesta con 27 votos a favor, dejando en claro que el tema no se trata de simple revancha política.

En esta ocasión, Morena capitalizó el silencio del exgobernador para proyectar una narrativa de rendición de cuentas y justicia institucional.

Cabeza de Vaca podrá decir que no debatirá con Humberto Prieto, pero su administración ahora deberá debatir con la Fiscalía.

Y en ese terreno, los discursos se sustituyen por documentos, los alegatos por pruebas y las declaraciones por carpetas de investigación.

El mensaje político es evidente: la impunidad del cabecismo no tendrá continuidad en el discurso ni en los hechos.

El punto de acuerdo marca una línea divisoria entre el pasado de simulaciones fiscales y el presente de revisión institucional.

El SATET, presentado en su momento como modernización, hoy aparece descrito como una estructura paralela que vulneró leyes federales.

La aprobación legislativa no cierra el caso, apenas lo abre. Pero envía una señal directa: Tamaulipas quiere cuentas claras.

La FGR tiene ahora el turno. Lo que el Congreso llamó “acto de legalidad”, puede transformarse en una investigación emblemática.

Si los delitos se comprueban, el exgobernador enfrentará el peso de una institución que no distingue colores, solo responsabilidades.

Y si no se comprueban, el resultado igual marcará un precedente: ningún poder local puede crear estructuras fuera de la ley.

Mientras tanto, Cabeza calla. Pero el eco de su administración resuena con más fuerza cada vez que intenta desmentirse.

El silencio, a veces, pesa más que cualquier defensa. Y hoy, ese silencio ya está bajo revisión federal.