El caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores está más allá de lo que su defensa privada puede imaginar. Los defensores sí llegaron a tiempo pero no ingresaron a la segunda audiencia del juicio de extradición 1/2017, que tiene a su cargo, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Raymundo Serrano Nolasco. Hernández es requerido por tres delitos formales. Asociación Delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencias y asociación delictuosa para cometer fraude bancario, que motivaron la detención del ex gobernador con fines de extradición y que actualmente es considerado detenido provisional.

El caso de Hernández es único e histórico en la región noreste sobre todo en Tamaulipas, como lo fue en la década de los años 80 cuando se instruyó el primer caso de extradición de un ex gobernador como lo fue en el estado de Sonora, el priísta Samuel Ocaña -de quien fuera secretario particular Eduardo Cayerano García Puebla ex coordinador de asesores de Tomás Yarrington Ruvalcaba- también requerido por la justicia de Estados Unidos, por delitos contra la salud.

En las dos audiencias el ex gobernador priísta lució el mismo pantalón de mezclilla con sus respectivos mocasines negros, cambio la camisa gris a cuadros por una de color beig.
Al inicio de la audiencia fue pública, pero minutos después de la haber reiniciado la misma fue declarara privada a petición de los fiscales de la Procuraduría General de la República, en respuesta a una petición expresa del gobierno de Estados Unidos de garantizar la confidencialidad del proceso.

Al final el detenido con fines de extradición, fue decretado por el juez que conoce la causa de extradición 1/2017, en detención provisional, revelo una fuente cercana al proceso que pidió el anonimato.

En el proceso que se seguirá a Hernández hay información reservada que el gobierno de Estados Unidos habría solicitado a su par del gobierno mexicano que se mantengan de manera confidencial, que solo podrán conocer el juzgador, la fiscalía y la defensa del detenido.

El juicio de extradición que se le sigue a Hernández, quien por cierto ayer se mostró sonriente y menos rígido que en la audiencia del día anterior. Reviro y saludo a tres reporteros de esta capital.

Los defensores entre los que figura Jorge Olvera, Blanca Nelly Riestra quien sí llegaron a la audiencia pero no se acreditaron como defensores de Hernández, advierten algunas irregularidades como son el hecho de que la petición no la hizo formalmente el embajador de Estados Unidos sino un ministro consejero William H. Dunkan consejero, que efectivamente señala la nota diplomática número 17-3953, de la cual da fe en su notificación el juez Raymundo Serrano Nolasco, quien dirige el juicio de extradición.
En realidad, los defensores de Hernández, en el proceso de extradición estará serán los abogados hermanos Antonio y Juan Collado, a los mismo que les fue impedido aterrizar minutos antes de la audiencia, por la presencia de un banco de neblina en el Aeropuerto Pedro José Méndez de Güemez.

A pesar de la premura del proceso de extradición, la defensa de Hernández no se percibe angustiada, ya que al parecer uno de los defensores de oficio que finalmente admitió el ex gobernador como representado, es pariente de uno de los integrantes de defensa privada.
Los enterados consideran que el juicio de extradición está planteado para resolverse en un periodo de 60 días, sobre todo porque este se desarrolla con paradigmas del nuevo sistema juicios orales. Pero además, coincidentemente el juez que conocer la causa 1/2017, es de los más requisitosos y exigentes juzgadores de distrito que hay en esta capital.

A Eugenio se le percibió en su primera audiencia sólo e indefenso, víctima de la casualidad o coincidencia, ya que sus defensores no estaban en esta ciudad cuando fue notificado. Mucho menos sus amigos o familiares. Quizá busca victimizarlo para obtener el respaldo electoral en las elecciones de próximo año.