La urgencia del gobierno federal por impulsar una ley de seguridad interior que no es propiamente de seguridad pública, porque esta ya existe. No pretende de ninguna manera responder a la necesidad existencial de seguridad que reclaman los mexicanos, sino más bien parece que busca complacer y dar cumplimiento a los ordenamientos de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos como es Amnistía Internacional, que han documentado hecho en los que figuran autoridades del orden militar y federal.

La legislación de referencia que se discute en la Cámara de Diputados y que por lo mismo ha ameritado que la Secretaría de Gobernación gestione la agilización de esa ley ante los legisladores, evidencia la urgencia de la federación para que se promulgue la ley de referencia.

Lo que implica que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad de la seguridad pública. Y evitar confusiones entre la ley de seguridad interior y la ley de seguridad pública.

Pero repugna a la inteligencia de quienes su hábitat es la inseguridad y más inseguridad, la cual solo percibe como frenada, con la presencia de las fuerzas castrenses. Cuya tarea ha sido relevante en esta circunstancia, pero que también ha sufrido desgaste en la última década en que la milicia está en las calles de pueblos y ciudades del territorio nacional.

La propuesta del gobierno federal argumenta que solo en eventualidades o emergencia las fuerzas castrenses deberán estar en la calles. Sin embargo hay quienes consideran que la tarea de garantizar la seguridad interior es sinónimo de la seguridad pública.

Imposible ignorar que los militares, marinos y federales están en la calles de la república mexicana, desde la llegada a la presidencia de la república del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Y que en aquella circunstancia la presencia de las fuerzas castrenses en las calles, solamente se justificaban para recuperar la seguridad interior y ante las deficiencias de los sistemas de seguridad pública de estados y municipios, también asumieron tareas de policías municipales. Aunque en el fondo el jefe máximo del ejército buscaba imponerse en ese tiempo sostenerse en la silla presidencial.

Recordemos que durante el último gobierno priísta en 22 municipios tamaulipecos los militares desempeñaron tareas impropias de su rango y función. Aún contra lo establecido por la legislación pero en aras de cumplir con una demanda de la población.
Hoy a más de diez años de que el ejército, la marina y la policía federal están en la calles, el gobierno federal promueve una ley de seguridad interior para regresar las tropa a los cuarteles y, de esa manera cumplir con la recomendaciones de la ONU.

No obstante que los niveles de inseguridad este igual o peor que cuando las tropas salieron a las calles de las ciudades mexicanas. Y los gobiernos estatales y municipales han sido incapaces de crear los cuerpos de policías necesarios para recuperar la seguridad que demandan los ciudadanos.

En otro orden, en un marco de austeridad el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, presentó su tercer informe de labores, que se limitó a exponer resultados en academia, investigación y vinculación de la máxima casa de estudios tamaulipeca. Dijo que su gestión ha sido ordenada, funcional y eficiente. Aseveró que la Uat está mejor que cuando empezó la gestión y va por más, apuntó.

Fue un informe eminentemente universitario, al que asistieron representantes de las 27 Unidades Académicas. Víctor Sáenz Martínez llevó la representación y el mensaje del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Quien por cierto logró que la Comisión Nacional del Agua, derive 400 millones de metros cúbicos para los agricultores del distrito de riego 025 que comprende los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, volumen que servirá para auxiliar la siembra de 200 mil hectáreas de sorgo y maíz.

En tanto que los legisladores locales encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos García González se reunió junto con otros legisladores con el titular de la secretaría de desarrollo urbano y medio ambiente Gilberto Estrella, para definir las directrices principales para la creación de la procuraduría estatal del medio ambiente y cambio climático. Con la cual se pretende atender asuntos de carácter estatal.