La iniciativa para crear una procuraduría estatal para el medio ambiente, podría parecer una ocurrencia, como sucedió en los últimos gobiernos priístas, sin embargo más que una ocurrencia, es una necesidad que nace de la necesidad de promover un ordenamiento en los 43 municipios tamaulipecos y verificar los daños y atentados contra el medio ambiente.

​Entre los motivos para crear una procuraduría estatal del medio ambiente, destacan las recurrentes descargas que contaminan los principales afluentes ríos y arroyos que se localizan en los municipios tamaulipecos.

​Definitivamente que la iniciativa de Gilberto Estrella titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de crear una instancia estatal para conocer y dar vista a las irregularidades en materia ambiental, obligará a sus similares del orden federal a aplicarse en las tareas propias contenidas en el ser y quehacer de esas instancias.

​Hay que reconocer que las instancias del Estado se involucran cada día en las demandas de los ciudadanos y una de esta es precisamente, las irregularidades en materia ambiental, en las que los entes públicos existentes se han mostrado omisos respecto a irregularidades que dicen relación con daños al medio ambiente.
​Más bien esos organismos o dependencias han sido complacientes y hasta permisivos con quienes realizan descargas a cielo abierto, sin el menor recato del impacto ambiental y de los daños al medio ambiente.

​Otro de los motivos para la creación de una procuraduría de esa naturaleza es que las principales plantas tratadoras de aguas residuales, por razones diversas incluso en algunos casos los titulares de las Comapas desconocen los motivos de la disfuncionalidad de esas obras, que abundaron en los años recientes.

​En el centro de la entidad lo mismo que en el sur y norte son recurrente las quejas de los ciudadanos, de que los principales arroyos y ríos son una alcantarilla a cielo abierto. Pero la instancias existentes, no han superado la fase de las verificaciones.

​En el caso de la capital del Estado, es grave el “desastre ecológico”, que provocan las aguas negras no tratadas que son arrojadas a los arroyos y ríos, donde se han comprobado la muerte y extinción de la fauna.

​Más delicado resulta que los mismos escurrimientos se suman al volumen de uno de los embalses que alimentan el sistema de acueducto que suministra el agua que se consume en la capital del Estado, proveniente de la presa Vicente Guerrero.

​Situaciones ante las que organismos como la Comapa, la Semarnat y la propia Procuraduría Federal para el Medio Ambiente siguen siendo omisas y cómplices de la contaminación del ambiente, porque las plantas tratadoras de aguas residuales no funcionan al cien ya que son los mismos priístas de antaño y lo hijos de estos quienes las han mal construido.
​Ya entrados en el tema de la procuraduría estatal para el medio ambiente, también la Procuraduría General de Justicia del Estado continua con indagatorias relevantes en torno a fedatarios que favorecieron el despojo de inmuebles, sean viviendas o unidades de producción agrícola, pecuario, acuícolas y citrícolas. En algunos casos se habla de otros bienes que no son precisamente ranchos ganaderos, huertos o sembradíos de granos, sino infraestructura como el transporte.

​La dependencia a cargo de Irving Barrios Mujica está concentrada en el proceso de los fedatarios, aunque hay que precisar que hay destacados notarios, que se distinguen por su seriedad, prestigio, profesionalismo y capacidad, donde se ofertan servicios de asesoría legal a quienes solicitan los servicios. Pero también es un medio en el que han ingresado, cada personaje, que por lo mismo es un sector que está en el ojo del huracán. Donde el ejecutivo estatal tiene la legislación para auditar e investigar a los fedatarios. Se habla de decenas de fedatarios en la mira de la procuraduría tamaulipeca.

​En esa misma dependencia 15 colectivos en el que participan familiares de desaparecidos, se sumaran a las tareas de búsqueda de sus parientes. Además de Irving Barrios también participó Horacio Ortiz Renán presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

​ Nada tiene que ver lo anterior con que el diputado local priísta, Anto Tovar García quien ya se siente alcalde y en su actitud sobrada, quebrando el acuerdo de su partido y el de los demás institutos que forman parte de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Carlos García González, al modificar los colores del logo de sus tarjetas de presentación, los cuales fueron sustituidos por el color verde. Y de paso quebranto el manual de identidad que aprobaron los partidos con representación en la cámara local.

​En los corrillos del Congreso tamaulipeco trascendió, que podría ser objeto de un apercibimiento por parte de la fracción priísta o del propio presidente de la Junta de Coordinación Política.