CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En un contexto marcado por la exigencia ciudadana de mayor equidad en el uso de recursos públicos, el Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad una reforma constitucional orientada a eliminar las llamadas “pensiones doradas” y establecer límites a los ingresos de retiro de exfuncionarios.
La modificación al artículo 127 de la Constitución plantea que ningún exservidor público de confianza en empresas del Estado o instituciones de banca de desarrollo podrá recibir una pensión superior a los 70 mil pesos mensuales, como parte de una estrategia para contener privilegios y reducir la brecha de desigualdad.
Durante la discusión en tribuna, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, única voz de oposición, respaldó la reforma al señalar que responde a una demanda social legítima en un país donde millones de personas carecen de una pensión suficiente. No obstante, subrayó que su voto a favor no fue una decisión sencilla, sino una postura basada en la necesidad de corregir excesos sin comprometer principios jurídicos.
La legisladora advirtió que los altos montos en algunas jubilaciones han generado inconformidad social, lo que obliga al Estado a intervenir. Sin embargo, puntualizó que no todos los ingresos elevados deben considerarse privilegios indebidos, ya que en muchos casos son resultado de trayectorias laborales extensas y de alta responsabilidad.
En ese sentido, hizo un llamado a evitar que el combate a los abusos derive en decisiones arbitrarias que vulneren derechos adquiridos. Recordó que la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas, por lo que insistió en que la reforma debe aplicarse únicamente hacia el futuro.
Bajo esta lógica, su bancada votó a favor en lo general, pero propuso una reserva para garantizar que las nuevas disposiciones regulen únicamente las pensiones futuras, sin afectar a quienes se jubilaron bajo el marco legal vigente.
El decreto aprobado establece que todas las pensiones deberán ajustarse al nuevo límite, salvo las excepciones previstas en la Constitución, y obliga a las instituciones públicas a revisar y adecuar sus esquemas de jubilación, contratos y disposiciones laborales.
La reforma, impulsada a nivel federal, fija como referencia un tope equivalente al 50 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo, lo que se traduce en poco más de 134 mil pesos netos mensuales. Con ello, las pensiones de exfuncionarios quedarían por debajo de los 70 mil pesos, cerrando la puerta a esquemas que permitían ingresos significativamente mayores.
Aunque existen casos actuales con percepciones que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales, estos no serán modificados de manera retroactiva. Sin embargo, el nuevo marco impedirá que este tipo de beneficios se repitan en futuras asignaciones.
La aprobación de esta reforma abre un nuevo capítulo en la discusión sobre justicia social, sostenibilidad del gasto público y respeto al Estado de derecho, en un equilibrio que seguirá generando debate en el ámbito político y jurídico.
