Ciudad de México.- Al considerar que sólo buscaban “dilatar o entorpecer”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)desechó dos recursos del empresa-rio Ricardo Salinas Pliego para impedir la participación de dos ministras en la resolución del amparo en revisión 492/2023 contra las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El asunto fue programado a discusión mañana en el pleno, con proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien propone sobreseer el recurso del empresario; de aprobarse el proyecto, la UIF conservaría su facultad para acceder a información patrimonial y financiera con fines de supervisión y combate a delitos como lavado de dinero y terrorismo.
Así, la UIF podrá continuar por hasta 10 años el análisis de información bancaria del dueño de Grupo Salinas solicitada a la Comisión Na-cional Bancaria y de Valores en di-ciembre de 2021 junto con la de otros78 empresarios, luego de ser mencionados en los Pandora Papers, sobre empresas offshore y posibles esquemas de evasión y lavado.
La Corte notificó el pasado lunes, en listas electrónicas, que Salinas Pliego interpuso dos recursos de impedimento contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González, en los que cuestiona su imparcialidad, para evitar que participen en la resolución del amparo en revisión.
Con dichos recursos, suman 10 los interpuestos contra diversos ministros, incluidos integrantes de la anterior conformación del tribunal.
“Se estima que no es viable sustanciar el incidente de recusación planteado, pues los argumentos del promovente evidencian que se hace valer con el propósito de dilatar o entorpecer la resolución del amparo en revisión, por lo que se impone desecharlo de plano”, determinó.
Grupo Salinas ha desplegado en los años recientes, ante la SCJN, una estrategia de recursos legales –principalmente recusaciones de ministros– en los juicios que ha promovido. Por ejemplo, interpuso más de un centenar de recursos –de reclamación, impedimentos y otros– que retrasaron la resolución de nueve litigios fiscales; algunos fueron desechados por el pleno anterior y la mayoría del actual, al coincidir en que se presentaron para dilatar los procesos.
