CIUDAD DE MÉXICO.
En un intento por cerrar vacíos legales y atender una deuda histórica, la senadora Olga Sosa Ruíz presentó una iniciativa para garantizar protección integral a víctimas indirectas de feminicidio.
La propuesta, impulsada desde Morena en el Senado de la República, plantea reformar la Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El proyecto busca reconocer automáticamente como víctimas indirectas a hijas, hijos y personas dependientes de mujeres víctimas de feminicidio, sin necesidad de esperar una sentencia judicial definitiva.
Con ello, se pretende que estas personas accedan de manera inmediata a medidas de atención, protección y acompañamiento institucional tras el hecho violento.
Durante la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la iniciativa se fundamenta en principios constitucionales como el respeto a los derechos humanos y el interés superior de la niñez.
En particular, destacó el artículo primero constitucional, que obliga al Estado a garantizar los derechos bajo criterios de universalidad, progresividad e indivisibilidad.
Asimismo, recordó que el artículo cuarto establece la protección de la familia como un eje central de la acción del Estado mexicano.
Sosa Ruíz enfatizó que el feminicidio no solo arrebata la vida de una mujer, sino que genera un impacto devastador en su entorno familiar.
Explicó que niñas, niños y adolescentes quedan en condiciones de vulnerabilidad, afectando su estabilidad emocional, educativa y económica.
Advirtió que, en muchos casos, estas consecuencias derivan en abandono institucional y limitan el desarrollo integral de quienes dependían de la víctima.
Aunque la legislación vigente reconoce la figura de víctimas indirectas, señaló que existen vacíos importantes en casos de feminicidio.
Particularmente, apuntó que la falta de disposiciones específicas ha provocado respuestas institucionales desiguales y procesos administrativos deficientes.
Además, estos vacíos han derivado en escenarios de revictimización para las familias afectadas, quienes enfrentan obstáculos para acceder a apoyo y justicia.
La iniciativa propone garantizar medidas integrales como atención psicológica especializada, continuidad educativa y acompañamiento jurídico para las víctimas indirectas.
También contempla el acceso prioritario a programas sociales que permitan restituir derechos y evitar situaciones de abandono tras el feminicidio.
El proyecto retoma criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente del caso “Campo Algodonero” contra México.
En ese fallo, se estableció la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención, investigación y sanción de feminicidios, así como la obligación de reparar integralmente a las víctimas.
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho de las víctimas de violaciones graves a una reparación integral del daño.
Esta reparación debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición.
La iniciativa también plantea fortalecer la coordinación entre instituciones mediante su vinculación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
El objetivo es asegurar una respuesta articulada que garantice protección, asistencia y reparación integral a quienes resultan afectados por este delito.
Con esta reforma, la senadora busca consolidar un enfoque de género y materializar el principio del interés superior de la niñez en la política pública.
