Ciudad Victoria, Tamaulipas a 19 de marzo de 2026

Deportan a exmagistrado de Tamaulipas acusado de abuso sexual; ya está bajo custodia federal

La entrega se concretó a las 08:59 horas en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros, conocido como “Puente Viejo”

MATAMOROS, Tamaulipas.

Luego de permanecer más de un año detenido en Estados Unidos, el exmagistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue deportado este jueves y entregado a autoridades mexicanas para enfrentar una acusación por presunta violación agravada contra una menor de edad.

La entrega se concretó a las 08:59 horas en el Puente Internacional Brownsville-Matamoros, conocido como “Puente Viejo”, donde agentes estadounidenses lo pusieron a disposición de elementos de la Policía Federal Ministerial. Posteriormente, fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Matamoros.

El exfuncionario, quien vestía pantalón de mezclilla azul, camisa roja a cuadros y chaleco beige, es requerido por autoridades estatales dentro de la carpeta de investigación 377/2024, en la que se le señala por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en mayo de 2024, cuando presuntamente abusó de la hija de su pareja. La denuncia fue interpuesta meses después por familiares de la víctima, quienes además acusaron que el entonces magistrado habría ejercido amenazas para evitar que el caso saliera a la luz.

El proceso legal tomó relevancia pública en noviembre de ese año, cuando el expediente fue turnado al Congreso local. Sin embargo, antes de que se definiera su situación jurídica, Danés Rojas fue víctima de un ataque armado en agosto de 2024 en las inmediaciones de su domicilio en Ciudad Victoria, del cual logró sobrevivir.

Tras ese episodio, permaneció prófugo hasta su localización en Hidalgo, Texas, donde fue detenido el 20 de marzo de 2025 en un operativo con apoyo internacional, derivado también de la presión ejercida por la familia de la víctima.

Ahora, con su retorno a territorio mexicano, serán las autoridades federales y estatales las encargadas de continuar el proceso judicial y presentarlo ante el juez que lo reclama, a fin de determinar su situación legal.