CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes la primera orden de aprehensión que se libró en 2021 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero, que había sido frenada por un juez de Distrito, por lo que dio luz verde a que se ejecute.
Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que revocó el amparo que había obtenido el político panista para evitar su detención. No obstante, los ocho ministros formularon críticas a la metodología y a diversos argumentos de la propuesta, por lo que la ponente prometió atender algunos comentarios en la redacción de la sentencia final.
La Corte concluyó que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propia del proceso penal y no de una etapa preliminar.
“El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, señaló Batres.
Cabe precisar que la orden de captura se reactivará una vez que el máximo tribunal emita el engrose de la sentencia y la notifique al juez de control con sede en Almoloya de Juárez, quien deberá proceder a su cumplimiento conforme a lo resuelto.
Con ello, el máximo tribunal del país fijó una jurisprudencia que estable para librar una orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio que no se necesita prueba plena, sino datos suficientes para suponer razonablemente que hubo delito y probable participación de la persona imputada.
Una de las mayores críticas del proyecto de Batres fue la ministra Yasmín Esquivel Moss por la metodología que usó su par, aunque estuvo a favor de los efectos de no amparar a Cabeza de Vaca y revocar la sentencia.
“El proyecto no responde a los agravios planteados en contra de la sentencia que concedió el amparo, sino que se sustituye en el juez natural; es decir, en el juez de control que debía resolver si se actualizaban los requisitos necesarios para librar la orden de aprehensión. Al sustituirse en el juez de control, la sentencia podría vulnerar el derecho al juez natural, que forma parte de las garantías del debido proceso y exige a todos los órganos del Estado que cualquier persona sometida a la justicia sea juzgada exclusivamente por un tribunal competente para conocer del asunto.
“Me preocupa la propuesta que está sometida a la consideración de este Tribunal Pleno, pues coloca a la Suprema Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”, dijo Esquivel Mossa.
El caso se originó en denuncias contra el panista presentadas en julio y noviembre de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
La imputación se basa en un presunto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública del Gobierno de Tamaulipas por montos millonarios, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria a favor del exgobernador.
Entre los indicios destacan discrepancias contables entre ingresos declarados y depósitos bancarios, reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y un certificado de depósito por 7 millones de dólares a nombre de un familiar.
El 23 de febrero de 2021 se solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador, lo que fue aprobado el 30 de abril, y el 18 de mayo de ese año se libró una primera orden de aprehensión, posteriormente invalidada en agosto de 2022 por la extinta Primera Sala de la SCJN, considerando que invadía facultades del Congreso de Tamaulipas mientras el investigado seguía en el cargo.
Tras concluir el mandato de García Cabeza de Vaca, el 30 de septiembre de 2022, el Ministerio Público obtuvo una segunda orden de aprehensión el 4 de octubre por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario promovió amparo el 12 de octubre, el cual fue concedido el 30 de noviembre de 2023 por un juez federal al considerar insuficientes los datos de prueba; la fiscalía impugnó la resolución entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
El 8 de octubre de 2025 la SCJN atrajo el caso mediante el amparo en revisión 435/2025, cuya resolución revocó la sentencia del juez de distrito y negó el amparo.
