Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
CIUDAD ALTAMIRA, Tamaulipas.
La discusión sobre el destino de los recursos públicos ha rebasado el salón de Cabildo para instalarse en el debate ciudadano digital. Un día después de la Trigésima Tercera Sesión de Cabildo, el regidor Félix Guillú Meraz difundió un video en redes sociales en el que detalla las razones de su abstención en la votación del Plan de Obra Anual, Paquete 3, particularmente en lo relativo a la construcción de una nueva cancha de fútbol con pasto sintético en la Unidad Deportiva del municipio.
Durante la sesión, el proyecto fue aprobado por mayoría. Guillú Meraz optó por no votar ni a favor ni en contra. Horas después, explicó públicamente que su postura obedeció a la falta de información técnica y financiera completa para un análisis integral. “No voté ni a favor ni en contra del punto referente al Plan de Obra Anual, Paquete 3 (me abstuve por no estar de acuerdo con el manejo de los recursos públicos), ya que no se nos ha presentado el Plan de Obra Anual completo ni la información técnica y financiera detallada para su debido análisis”, sostuvo.
El eje de la controversia es una inversión estimada en 5 millones 400 mil pesos para la construcción de una cancha con medidas aproximadas de 60 por 90 metros y características similares a una ya existente en la Unidad Deportiva. Para el regidor, el monto resulta “muy elevado” y plantea interrogantes sobre el principio de eficiencia presupuestaria que rige la administración pública conforme al artículo 134 de la Constitución mexicana, que obliga a que los recursos se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el video difundido —hoy— 19 de febrero, grabado precisamente en las instalaciones deportivas, el edil subrayó que su abstención “no es por el desarrollo de nuestro Altamira o no por el apoyo hacia el deporte”, sino por una preocupación en torno al costo–beneficio de la obra. “Un campo como estos con un valor de 5,400,000 la realización se me hizo un poco elevado, no un poco muy elevado”, afirmó.
Desde una perspectiva sociopolítica, el debate no es menor. En municipios con demandas acumuladas en infraestructura básica y servicios públicos, la asignación de recursos a obras deportivas de alto costo suele convertirse en un símbolo del modelo de gobierno: centralizado y concentrado en espacios emblemáticos, o descentralizado y orientado a colonias con rezagos históricos.
Guillú Meraz propuso que, con el mismo presupuesto, podrían construirse hasta tres o cuatro canchas en distintos sectores, tomando como referencia otras aprobadas por 1 millón 950 mil pesos cada una. “Podíamos con esos 5 mil 400 aprobar otras dos canchas como las otras dos que se aprobaron también de 1 millón 950 mil pesos y poder hacer no solamente tres, poder hacer cuatro”, explicó, enfatizando que ello permitiría beneficiar a más familias y colonias.
El regidor también apeló a precedentes administrativos, señalando que en el pasado se rehabilitó un estadio con personal municipal, lo que —según su argumento— demuestra que es posible eficientar recursos sin desmerecer la labor institucional. Convocó revisar la priorización territorial de las obras y considerar sectores como la colonia Satélite, donde, según refirió, existen demandas ciudadanas pendientes.
Más allá del caso concreto, la abstención —figura legítima dentro del procedimiento deliberativo de los cabildos— se convierte aquí en un acto político con carga simbólica. En sistemas municipales donde las mayorías suelen definir el rumbo sin sobresaltos, la abstención razonada y públicamente argumentada puede interpretarse como un ejercicio de control político interno y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
“Seguiremos cuestionando y señalando las situaciones que se presenten, porque nos debemos al pueblo que nos dio su confianza”, declaró. En un contexto nacional marcado por exigencias crecientes de transparencia y vigilancia ciudadana sobre el gasto público, la discusión en Altamira refleja una tensión estructural: la necesidad de impulsar obra pública visible y la obligación jurídica de justificar cada peso invertido bajo criterios de proporcionalidad y beneficio social.
Lejos de agotarse en una votación municipal, abre un debate más amplio sobre la planeación urbana, la descentralización del desarrollo deportivo y el alcance real de la participación de los regidores como contrapeso dentro del gobierno local. En tiempos donde la política se juega también en el terreno digital, la narrativa pública del gasto puede ser tan determinante como el voto mismo en el Cabildo.
