CIUDAD DE MÉXICO.
El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la inhabilitación del juez federal Juan Fernando Alvarado López, al establecer que actuó de manera parcial e ilegal para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La resolución fue publicada ayer y deriva de una investigación que documentó múltiples irregularidades en decisiones emitidas por el juzgador.
De acuerdo con el expediente, el Tribunal acreditó que el juez actuó de manera parcial en favor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, otorgándole suspensiones que durante cuatro años obstaculizaron la acción de la justicia.
Desde 2022 se habían presentado más de 37 quejas contra jueces y magistrados federales de Reynosa por presunta protección al exmandatario.
La investigación se originó durante el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó registrarse como diputado federal de representación proporcional por el PAN. Para ello, buscó evadir dos requisitos constitucionales: acreditar residencia en territorio nacional y tratar de recuperar, por vías ilegales, el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
Es del dominio público que el exgobernador abandonó México desde septiembre de 2022, pero aún así intentó obtener una carta de residencia. Mediante el juez referido, Cabeza intentó forzar al Ayuntamiento de Reynosa para que se le extendiera una carta de residencia.
Además, enfrenta dos órdenes de aprehensión por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que lo colocan fuera del ejercicio de sus derechos políticos.
Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó su registro como candidato, el juez Alvarado López le concedió una suspensión para que fuera inscrito, ignorando la resolución electoral e intentando modificar su condición de prófugo de la justicia.
El Tribunal de Disciplina concluyó que el juez incurrió en faltas graves, principalmente por dos actuaciones: Suspensión para proteger al fiscal anticorrupción de Tamaulipas e impedir la remoción de Raúl Ramírez Castañeda, entonces fiscal especializado en Combate a la Corrupción, pese a que no contaba con exámenes de control y confianza.
La resolución determinó que la medida atentó contra el orden público y el interés social, por su intervención indebida en asuntos electorales.
El Tribunal sustentó que el juez violó los artículos 99 y 107 constitucionales, pues los jueces de distrito carecen de competencia para pronunciarse sobre derechos político-electorales, por lo que el juzgador faltó a su profesionalismo, pues no se ajustó al ejercicio serio y responsable de su investidura.
La resolución sostiene que las actuaciones del juez formaron parte de una estructura de complicidad que permitió a Cabeza de Vaca evadir la justicia.
«Cabeza de Vaca formó y financió una red de complicidad y corrupción para blindarse y evadirse de la acción de la justicia”.
El Tribunal concluyó que las suspensiones otorgadas por Alvarado López tenían como objetivo obstaculizar tanto a la Fiscalía General de la República como a los jueces de control encargados de procesar los casos contra el exgobernador.
Por la gravedad de las conductas, el Tribunal de Disciplina de la SCJN determinó la inhabilitación del juez Juan Fernando Alvarado López para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La decisión confirma que durante años operó una red judicial que favoreció al exgobernador tamaulipeco y que ahora comienza a desmantelarse.
