CIUDAD DE MÉXICO.
Un juez federal resolvió que no existe impedimento legal para la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia y señalado por presuntamente encabezar una red de marinos dedicada al contrabando de combustible en aduanas estratégicas del país, entre ellas Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales, concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido por el mando naval; sin embargo, dejó claro que la medida no bloquea su aprehensión ni su encarcelamiento. El alcance del fallo se limita a que, una vez detenido, cualquier determinación sobre su libertad quedará bajo la jurisdicción del juzgado que concedió la suspensión.
De acuerdo con la resolución, la protección judicial no interfiere con el proceso penal ni con la orden de captura vigente. El juez subrayó que, tras la reforma a la Ley de Amparo que entró en vigor el 17 de octubre pasado, ya no es posible otorgar suspensiones que eviten la detención de personas investigadas por delitos con prisión preventiva oficiosa.
En este caso, Farías Laguna es buscado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, uno de los ilícitos que ameritan la medida cautelar más severa.
El expediente judicial detalla que, antes de la reforma, el contralmirante obtuvo suspensiones definitivas de jueces en Zacatecas y en la Ciudad de México, las cuales sí impedían su captura e internamiento en el penal del Altiplano. Gracias a esas resoluciones, fue citado en tres ocasiones a audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, pero nunca compareció. Tras su inasistencia reiterada, el 5 de noviembre pasado se giró nuevamente orden de aprehensión.
Fue contra este último mandamiento que el imputado promovió el amparo actual, el cual no lo protege de ser detenido.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al contralmirante —sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— de liderar una estructura de corrupción en aduanas que habría permitido el desembarque de al menos 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico durante 2024 y 2025.
Como parte de la investigación, el exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, declaró ante la FGR que, mediante intermediarios, el entonces vicealmirante y su hermano Fernando Farías pagaban alrededor de un millón 750 mil pesos por cada buque para permitir la descarga del combustible ilegal en recintos fiscales.
La determinación judicial abre la puerta a que las autoridades federales ejecuten la captura del contralmirante en cualquier momento, mientras continúan las indagatorias por uno de los casos de huachicol fiscal de mayor impacto en Tamaulipas.
