CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.
El Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo con 27 votos a favor y 5 en contra para pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue posibles delitos del ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, y otros involucrados, en el decomiso irregular de pipas, tractocamiones con combustible durante su administración, y operación con recursos de procedencia ilícita.
En su sesión plenaria de la 66 Legislatura de este martes, el diputado Humberto Prieto Herrera representante de la fracción de Morena y del Partido del Trabajo presentó un punto de acuerdo para que el ex mandatario sea investigado por responsabilidades derivadas de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado.
En el acuerdo aprobado exhorta a la FGR a iniciar investigaciones sobre posibles responsabilidades derivadas de la creación y operación de un Servicio de Administración Tributaria del Estado, durante la administración panista (2017-2023) con el propósito de “afectar a los empresarios del transporte y las compañías relacionadas con los hidrocarburos”.
En la exposición de motivos, Prieto argumentó que en 2020 el gobierno de García Cabeza de Vaca desconcentró acciones de la Secretaria de Finanzas y Administración Estatales pero habría operado fuera del marco legal contrario a sus atribuciones.
Acusó que el ex mandatario invadió facultades exclusivas del gobierno federal en materia de comercio exterior, pues sin sustento legal incurrió en revisiones de transporte de hidrocarburos y otras mercancías, afectado a ciudadanos y empresas.
Afirmó que el panista incurrió en actos violatorios de la Ley de Coordinación Fiscal ya que duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas e interfirió las facultades propias de la Secretaría de Administración estatal.
El ponente del Punto de Acuerdo señaló que en los días 15 y el 18 de noviembre del 2019 el gobierno de García Cabeza de Vaca embargó 15 pipas y ocho tracto camiones que transportaban 444 mil litros de combustible, con el argumento de sospecha de contrabando.
La iniciativa de Morena y sus aliados busca garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho, así como crear instituciones públicas que atiendan el interés general y cumplir con la legalidad y no servir a fines particulares. El acuerdo entró en vigor a partir de su aprobación y será remitido formalmente a la FGR para el inicio de las investigaciones correspondientes.
