CIUDAD DE MÉXICO.
El Senado de la República aprobó esta noche, con celeridad y con el voto de Morena y aliados el Paquete Económico del 2026, que incluye impuestos al consumo de bebidas azucaradas, al tabaco, los videojuegos violentos, las apuestas en línea, así como a las plataformas digitales y da mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para combatir la evasión y la elusión fiscal .
Los dictámenes de las minutas de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Código Fiscal de la Federación, que por la mañana se aprobaron en comisiones, fueron avaladas en el pleno, con dispensa de trámites y al final fueron turnados al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La minuta de la Ley de Ingresos que regirá el próximo año se aprobó en comisiones, pero subirá al pleno en la sesión de este miércoles.
Fue un debate de mas de casi seis horas en que Morena y aliados defendieron esa miscelánea fiscal que, sostuvieron, conjuga responsabilidad y eficiencia tributaria con el compromiso de bienestar de los mexicanos.
En tanto, PRI, PAN y MC insistieron en que son sólo reformas recaudatorias, que se esconden bajo el esquema de impuestos saludables y sostuvieron que pese al gravamen a los refrescos, su consumo no va a disminuir e insistieron en que las nuevas medidas que incluye el Código Fiscal de la Federación son “terrorismo fiscal”.
Al presentar los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Angel Yunes Márquez , expuso que el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas y al tabaco es una medida del gobierno federal para desincentivar la ingesta de esos productos que perjudican gravemente la salud de los mexicanos.
El impuesto de 3.08 pesos por litro de refrescos se podrá reducir a 1.50 pesos por litro, en caso de que los empresarios de la industria embotelladora reformulen sus productos y se comprometan a reducir el al menos 30 por ciento de su contenido calórico en sus presentaciones más populares de forma gradual, detalló.
Se aumenta, asimismo, el IEPS de 160 a 200 por ciento a la enajenación e importación de productos que contengan nicotina, ya sea de origen natural o artificial. La cuota se calculará, dijo, con base en el contenido de nicotina por miligramo. Además, habrá una cuota gradual por cigarro.
“Es una vil mentira que se trate de impuestos saludables. Lo que buscan es recaudar 42 mil millones de pesos adicionales, pero ni un solo peso se destina a hospitales o programas de salud”, sostuvo al hablar a nombre del PAN, el senador Raymundo Bolaños, argumento que fue repetido una y otras vez por los opositores.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara resaltó que lo que se busca es “cuidar lo más valioso, que es la salud y la vida de niños y adultos, que padecen obesidad, diabetes y otras enfermedades mortales por la elevada cantidad de azúcar que contienen los refrescos».
Igualmente, la senadora del PT, Liz Sánchez, destacó que se prioriza la vida, la salud y el futuro de los jóvenes.
Otro de los puntos que los opositores más criticaron fue el IEPS de 8 por ciento que se estableció a los videojuegos con contenidos violentos explícitos. Incluso el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, hizo una defensa apasionada de los juegos de mesa, que dijo, el practica desde adolescente y demandó incluso no confundir “a un gamer con un criminal”
Cuando la senadora de Morena, Malú Micher, le preguntó si juega con esos videos en que se asesina a personas, se arrasa con comunidades, se fomenta el odio, los feminicidios, respondió que no hay estudios serios que demuestren que lo virtual se pase a la realidad.
Colosio Riojas resaltó que México tiene “el mercado gamer más grande del mundo, que genera 2 mil 300 millones de dólares al año y una industria con ese potencial merece incentivos y no obstáculos”.
La oposición se manifestó también en contra del aumento del IEPS de 30 a 50 por ciento a los sorteos y apuestas en línea.
Por lo que respecta a la Ley de Derechos, las reformas propuestas “responden a la necesidad de modernizar los servicios públicos que presta el Estado, de acuerdo con la realidad económica, social y tecnológica del país.”
Se trata de un ajuste en las cuotas por la obtención de documentos migratorios y se justifican “por el aumento sostenido en el flujo de personas que ingresan al país y buscan garantizar una atención ágil, segura y con estándares internacionales”.
Asimismo, se actualizaron los derechos por acceso a museos, zonas y sitios arqueológicos, pero solo para extranjeros. El boleto de entrada al Museo Nacional de Antropología, a Teotihuacán o Chichén Itzá pasará de 95.58 a 209.9 pesos para visitantes internacionales.
Se fija asimismo un cobro de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como lo cruceros y de 294 pesos por la emisión de permisos de salida de menores al extranjero.
En materia aeronáutica, el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos aumentará más de 2 por ciento, , mientras que los servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y derechos para aeronaves privadas subirán 4.5 por ciento. Estarán exentas las aeronaves destinadas a protección civil o servicios médicos estarán exentas.
También se contempla un incremento de más del 25% en los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales, animales vivos, productos y subproductos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) elevará en 16 por ciento los cobros por servicios de inspección y vigilancia a instituciones financieras, entre ellas casas de bolsa, fondos de inversión y bancos.
También se actualizan los derechos por uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con el argumento de que los ingresos adicionales permitirán ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en regiones que aún carecen de ellos.
En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se estableció un incremento de 50 por ciento de las plataformas digitales, y la obligación de proporcionar acceso en tiempo real al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que panistas y priístas consideraron que permitirá espiar a los ciudadanos y habrá “terrorismo fiscal”.
Al respecto, el senador Yunes Márquez resaltó que el fortalecimiento de las facultades del SAT es para combatir esquemas de evasión complejos, la emisión de comprobantes y facturas fiscales falsos y otras prácticas de evasión, que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Se especifica que un comprobante fiscal será considerado falso cuando no ampare operaciones reales o actos jurídicos existentes, y se faculta al SAT para presentar querellas penales contra quienes los emitan.
Todas las reservas fueron desechadas. Entre ellas una del senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, que planteó luego retomó la priísta Carolina Viggiano, para que el impuesto a los refrescos de 3.08 por ciento no se aplique a la Cooperativa Pascual, ya que no podrá con el impacto de ese gravamen, como si lo harán las empresas extranjeras.
La senadora Viggiano preguntó si “los de izquierda” iban a permitir que una cooperativa como Pascual, que es una empresa mexicana, que no utiliza alta fructuosa, cierre y recordó que el papá de la presidenta del Senado, Heberto Castillo, fue asesor de los trabajadores de esa empresa. El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara le respondió que se podrán acoger a un impuesto menor si reducen la cantidad de azúcar de sus refrescos.
Además, dijo “voy a llamar a comprar Boing, no Coca-Cola”.
También se desechó la reserva de la petista Geovanna Bañuelos, quién insistió en que reintegre el fondo minero.
La Reforma al Código Fiscal Federal se aprobó con 76 votos a favor y 38 en contra, la Ley Federal de Derechos con 76 votos a favor y 36 en contra y la Ley del IEPS con 75 votos a favor y 35 en contra.
