Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx
NUEVO LAREDO, Tamaulipas.
Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde panista de Nuevo Laredo en dos periodos consecutivos (2016-2018 y 2018-2021), enfrenta cargos judiciales por uso indebido de recursos públicos. La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó posibles irregularidades financieras durante sus administraciones, con un monto observado que supera los 412 millones de pesos.
Rivas Cuéllar, considerado en su momento uno de los políticos más cercanos al entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, inició su gestión bajo el lema “Vientos del Cambio”, que marcó la primera alternancia del PAN en Tamaulipas. Hoy, esos vientos han dejado al descubierto lo que la actual administración estatal, bajo los principios de la llamada Cuarta Transformación, califica como “malos manejos” del erario.
El 13 de julio, el exalcalde fue vinculado a proceso penal por presuntas irregularidades en la compra de un terreno durante su segundo mandato. La operación, según la Fiscalía, se habría realizado con un sobreprecio que generó un daño patrimonial estimado entre 55 y 60 millones de pesos. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo de fuga.
A Rivas Cuéllar se le imputan los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades. Fue ingresado al penal de Nuevo Laredo el mismo día de la audiencia, y de confirmarse los cargos, podría enfrentar una condena acumulada de hasta 18 años de prisión.
AUDITORÍAS REVELAN IRREGULARIDADES
POR MÁS DE 412 MILLONES DE PESOS
Según documentos obtenidos por Noticias PC, las auditorías de la ASE correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2016 a 2021 revelan múltiples observaciones no solventadas por el gobierno municipal de Rivas Cuéllar. A continuación, el desglose por año:
EJERCICIO 2016
La auditoría emitida el 27 de marzo de 2017 (oficio ASE/0627/2017) registró 111 observaciones no solventadas, con un monto total de 349 millones 593 mil 294 pesos. El dictamen fue negativo.
EJERCICIO 2017
El informe del 18 de febrero de 2019 (auditoría PAA-A-027-2018), dirigido al diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, reportó 20 observaciones, de las cuales 19 derivaron en promociones de responsabilidad administrativa, por un monto de 35 millones 753 mil 319 pesos con 86 centavos.
EJERCICIO 2018
El informe individualizado, fechado el 26 de junio de 2019, señaló que si bien se cumplieron disposiciones normativas generales, 7 observaciones derivaron en responsabilidades administrativas por un total de 2 millones 523 mil 440 pesos.
EJERCICIO 2019
El 17 de febrero de 2021, la ASE reportó 6 observaciones no solventadas de un total de 27, con un monto observado de 113 mil 886 pesos con 70 centavos. El informe reconoce cumplimiento parcial de la normativa.
EJERCICIO 2020
El informe, con fecha de acuse el 7 de julio de 2021, revela que 6 de las 27 observaciones preliminares no fueron solventadas, lo que representa un posible daño por 2 millones 364 mil 560 pesos.
EJERCICIO 2021
Por último, el informe del 15 de agosto de 2022, dirigido al diputado Jesús Suárez Mata, indica que no fueron atendidas 14 observaciones. Entre ellas destaca un pliego por 3 millones 828 mil pesos y 12 casos de posible responsabilidad administrativa por 17 millones 846 mil 295 pesos con 46 centavos. Se incluye también una recomendación sin daño económico directo.
ENFOQUE POLÍTICO Y JUDICIAL
La caída de Enrique Rivas Cuéllar ha generado un efecto dominó en el ámbito político tamaulipeco, en particular entre exalcaldes emanados del PAN, algunos de los cuales también enfrentan auditorías y posibles procesos penales. La justicia estatal ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción, sin excepción de siglas partidistas.
Este caso podría convertirse en un precedente en la rendición de cuentas de los gobiernos municipales en Tamaulipas. La documentación disponible no solo exhibe un patrón de observaciones recurrentes no solventadas, sino que también evidencia la falta de respuesta institucional para subsanar los señalamientos, en contraste con el discurso de transparencia y legalidad que marcó las campañas panistas de la última década.
