Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx
ALTAMIRA, Tamaulipas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló irregularidades en el manejo de recursos públicos en el municipio de Altamira, Tamaulipas, durante el ejercicio fiscal 2022. Según el informe de fiscalización, la administración municipal adjudicó contratos sin cumplir con los procedimientos normativos, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y sanciones.
Cabe precisar que el monto observado asciende a 7 millones 750 mil 200 pesos, provenientes de Participaciones Federales a Municipios, destinados a adquisiciones y servicios. Uno de los contratos más cuestionados, identificado como ALT/CC/DA/02/2022, se otorgó por 4.7 millones de pesos para la compra de bienes perecederos, granos y productos alimenticios destinados a trabajadores sindicalizados del ayuntamiento.
Sin embargo, la ASF detectó que la adjudicación se realizó de manera directa, excediendo los montos permitidos sin justificación válida, cuando el proceso debió ser mediante licitación pública.
Además, la auditoría identificó pagos por conceptos adicionales, entre ellos:
- 116 mil pesos en adquisición de lentes.
- 8 millones de pesos en mantenimiento del edificio sindical SUTRA.
- 1 millón 63 mil pesos por devolución de ISR correspondiente a octubre de 2021.
Así mismo la ASF señaló que no se acreditó la entrega de los bienes adquiridos ni se presentó documentación suficiente que justifique los egresos, lo que representa un probable daño al erario.
Por otra parte, se detectó que algunos productos comprados no eran perecederos ni alimenticios, sino artículos de limpieza, lo que infringe la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.
Ante estas irregularidades, la ASF promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y emitió un Pliego de Observaciones, exigiendo aclaraciones sobre el uso de los recursos. Se espera que el municipio responda dentro del plazo legal establecido, de lo contrario, podrían derivarse sanciones y procedimientos legales.
La ASF, dejó claro que este hallazgo forma parte de una fiscalización nacional a más de 283 municipios y alcaldías, con el objetivo de garantizar el correcto uso de los fondos federales.
