Washington.
El Departamento de Defensa apelará el fallo de un juez militar que establece que los acuerdos de culpabilidad alcanzados por Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y dos de sus coacusados son válidos, dijo ayer un funcionario de defensa.
El fallo de la semana pasada anuló la orden del secretario de Defensa, Lloyd Austin, de anular los acuerdos y concluyó que los acuerdos de declaración de culpabilidad eran válidos. El juez concedió las tres mociones para que se presentaran declaraciones de culpabilidad y dijo que las programaría para una fecha futura que determinaría la comisión militar.
El departamento también buscará posponer cualquier audiencia sobre las declaraciones de culpabilidad, según el funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre asuntos legales y habló bajo condición de anonimato. El contralmirante Aaron Rugh, fiscal jefe, envió una carta el viernes a las familias de las víctimas del 11 de septiembre para informarles de la decisión.
El fallo del juez, coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, permitió a los tres acusados del 11 de septiembre declararse culpables en el tribunal militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, y les evitaría el riesgo de la pena de muerte. Las declaraciones de Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi serían un paso clave para cerrar el prolongado y legalmente problemático proceso gubernamental por los ataques que mataron a casi 3 mil personas.
Los fiscales del gobierno habían negociado los acuerdos con los abogados defensores bajo los auspicios del gobierno, y el funcionario de mayor rango de la comisión militar de Guantánamo había aprobado los acuerdos. Pero los acuerdos fueron inmediatamente criticados por los legisladores republicanos y otros cuando se hicieron públicos este verano.
En cuestión de días, Austin emitió una orden en la que declaraba que anulaba las sentencias. Afirmó que los acuerdos de culpabilidad en posibles casos de pena de muerte vinculados a uno de los crímenes más graves jamás cometidos en suelo estadounidense eran un paso trascendental que sólo debería decidir el secretario de Defensa.
El juez dictaminó que Austin carecía de autoridad legal para anular los acuerdos de culpabilidad. Los acuerdos, y el intento de Austin de revertirlos, han dado lugar a uno de los episodios más tensos de un proceso judicial estadounidense marcado por retrasos y dificultades jurídicas, que incluye años de audiencias previas al juicio para determinar la admisibilidad de las declaraciones de los acusados, dada la tortura que sufrieron bajo custodia de la CIA.
Aunque las familias de algunas de las víctimas y otras personas insisten en que los procesos por el 11 de septiembre continuarán hasta el juicio y la posible condena a muerte, los expertos legales afirman que no está claro que eso pueda suceder.
