CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.
Los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa incurrieron en irregularidades financieras durante el 2023, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ambos gobiernos municipales violaron la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año pasado, al no reintegrar a tiempo recursos de transferencias federales que no emplearon.
Entre ellos, las auditorías de cumplimiento practicadas a 82 ayuntamientos del país para revisar el manejo financiero de los recursos federales que recibieron.
En el informe 1990, se reporta que el municipio de Reynosa presidido por Carlos Peña Ortiz, retrasó el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación.
El artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos 2023 señala que los gobiernos estatales y municipios que cuenten en sus cuentas bancarias con dinero enviado por la Federación para un fin específico, y que no haya sido gastado de manera correcta, deberá devolverlo.
“Deberán concentrarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado”, expresa la ley.
En el caso de Reynosa se determinó que el ayuntamiento contaba con un monto de 204.1 millones de pesos, de los cuales realizaron pagos por 198.2 millones de pesos.
Además reintegraron 4.6 millones de pesos, quedando pendientes 1.27 millones de pesos “que no fueron devengados ni pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que tampoco habían sido reintegrados a la TESOFE”.
Los recursos que no fueron reintegrados sino hasta que la Auditoría señaló el incumplimiento (junio del 2024), pertenecían al Fondo de Coordinación Fiscal del año 2022.
Debido a la intervención de la ASF, el ayuntamiento inició un procedimiento para determinar
responsabilidades administrativas de servidores públicos sin que hasta el momento se conozcan sanciones al respecto.
El gobierno de Matamoros, durante la administración de Mario López Hernández, incurrió en la misma irregularidad.
En este caso, devengaron 49.6 millones de pesos, pero dejaron “ociosos” 1.2 millones de pesos pertenecientes a ingresos por Caminos y Puentes Federales y del Decreto de Nacionalización de Autos del 2022.
“Los reintegros se realizaron fuera del plazo legal establecido”, acusó la ASF.
Por esta razón se integró el expediente número 041/2024 al interior del Ayuntamiento.
