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jueves, mayo 23, 2024

Norma Piña ordena iniciar investigación contra Arturo Zaldívar, jueces y exfuncionarios

Se les investiga por vulneración a la autonomía judicial, corrupción y otras conductas ilícitas

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CIUDAD DE MÉXICO.

Tras una denuncia anónima que se presentó; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ordenó, el 9 de abril de este año, iniciar una investigación en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como de jueces y ex funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) por vulneración a la autonomía judicial, corrupción y otras conductas ilícitas.

Respecto al caso del hoy colaborador de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Piña Hernández ordenó turnar el asunto a la Corte, debido a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) carece de competencia para investigarlo.

De acuerdo con la investigación J/108/2024 de la que MVS Noticias obtuvo una copia, a Zaldívar Lelo de Larrea se le acusa de confabularse con Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, para vulnerar la autonomía e independencia de juzgadores con el fin de satisfacer intereses personales y de terceros.

Asimismo, al expresidente de la Corte se le señala de usar áreas como la Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, para presionar a jueces y magistrados a través de amenazas de fincarles alguna responsabilidad administrativa.

Por estos hechos, la extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien recientemente fue designada como auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, también será investigada.

Otro de los personajes involucrados en este caso es Carlos Antonio Alpízar, quien se desempeñó como secretario general de la presidencia del CJF, cargo desde el cual se puso bajo las órdenes de Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero.

Según el documento, desde la presidencia del CJF Alpízar Salazar presionó con amenazas de procesos penales y administrativos a jueces como Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro en asuntos como la Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica.

Por los casos de los aeropuertos de Santa Lucía y de Texcoco fueron presionados los magistrados Jorge Arturo Camero y Amparo Hernández Chong; mientras que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez se enfrentó a una situación similar por el caso del Tren Maya para resolver a favor del Ejecutivo federal.

En el caso de Emilio Lozoya se amenazó a la magistrada Cristina Porras y a la jueza Sandra Robledo Magaña para que resolvieran a favor de los intereses del gobierno federal.

A Netzaí Sandoval Ballesteros, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública, se le vincula con actos de corrupción, pues ordenó “conseguir a costa de lo que sea” la libertad de los implicados en el caso Wallace.

Del mismo modo, el hoy secretario de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, prohibió a los defensores promover juicios de amparo por la falta de atención médica por Covid, para que “no se viera inflada la estadística del gobierno”.

Entre los jueces a los que se les señala de aceptar las presiones de Arturo Zaldívar se encuentran Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien en casos como el de Rosario Robles, dictó resoluciones a favor de los intereses de la Presidencia de la República.

Iván Aarón Zeferín, en su calidad de juez de control con residencia en el penal del Altiplano, libró la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

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