CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobierno mexicano anunció ayer que su polémico esfuerzo para buscar a personas falsamente catalogadas como desaparecidas ha detectado a 16 mil 681 individuos que habían regresado a sus hogares sin haber notificado a las autoridades.

La medida realizada a nivel nacional fue considerada por muchos como un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el políticamente vergonzoso total de 113 mil personas “desaparecidas” del país, una cifra que se ha disparado durante su gobierno.

En lugar de buscar fosas clandestinas y crematorios que salpican el país, el gobierno envió alrededor de 5 mil policías y otros funcionarios para realizar más de 111 mil visitas a hogares en busca de personas que podrían haber aparecido en registros fiscales, hospitalarios o bancarios.

No se pudo localizar a otras 17 mil 843 personas que parecían haber usado una tarjeta de crédito, recibido una vacuna o solicitado prestaciones gubernamentales estando catalogadas como desaparecidas. El gobierno creó una línea directa instando a la población a llamar para obtener información sobre ellos, en lo que parecía ser un intento de criminalizarlos.

“Si tienes datos que ayuden a completar los reportes o reconoces a alguna de las personas en el listado, comunícate a Locatel”, se indica en un vídeo que acompaña al nuevo informe.

De momento no queda claro si las autoridades consideraron el hecho de que los secuestradores y otros delincuentes suelen usar las tarjetas de crédito de las personas desaparecidas o realizar transacciones a su nombre. Los delincuentes también suelen amenazar a las víctimas de secuestro con consecuencias nefastas si contactan a la policía una vez liberadas.

Quizás el hallazgo más impactante anunciado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue que el registro nacional de personas desaparecidas tenía un mantenimiento de denuncias tan deficiente que en 62 mil 112 casos, o alrededor del 68% de los reportes, no había suficiente información de contacto para siquiera iniciar una búsqueda. Eso significa que las autoridades esencialmente nunca dieron seguimiento a esas denuncias de personas desaparecidas ni pidieron la información suficiente para hacerlo.