CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas y la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, emprendieron una investigación conjunta para conocer el destino de más de 9 millones de pesos que se pagaron en contratos y donde presuntamente aparece relacionado el actual Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción Raúl Ramírez.

En la investigación estarían involucradas al menos 21 personas que presuntamente, lograron hacer toda la operación financiera a través de empresas fantasmas.
De acuerdo a los argumentos que la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas a cargo de Raúl Hernández Chavarría ha presentado a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y extinción en el Dominio de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la investigación se extendió no solo al Fiscal Anticorrupción, también se contempla a familiares y socios.

A todos se les investiga por su presunta participación en el delito de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, a través de una red de empresas fachadas y factureras establecidas en el vecino Estado de Nuevo León.

Pero además, se mencionan delitos como Peculado, Ejercicio ilícito del Servicio Público, Delincuencia Organizada y Enriquecimiento Ilícito, puesto que han utilizado supuestamente, un esquema de financiamiento a grupos criminales, desvío de recursos, corrupción y lavado de dinero.

Lo que puso al descubierto la red de corrupción que impera en el entorno de Ramírez, sus familiares y socios cercanos, fue un contrato de más de 9 millones de pesos, celebrado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca con una empresa fachada con domicilio en Nuevo León, en la época en que el Fiscal fungía como Titular de la UIFE y en el que intervino directamente para el otorgamiento del contrato.

La investigación llevó a establecer la relación que existe entre la empresa contratada por el Gobierno de Tamaulipas con el despacho “Ramírez Castañeda & Abogados”, S.C., establecido en San Pedro Garza García Nuevo León, así como con diversas empresas que se presumen fachadas.

Mediante el millonario contrato se solicitaron servicios para la UIFE los cuales nunca cumplieron, por lo que las autoridades tratan de averiguar el destino final del dinero y las operaciones existentes con esas empresas radicadas en Nuevo León.

La denuncia que fue presentada por el titular de la UIFE en la Fiscalía de Nuevo León, se asegura que los delitos que presuntamente se cometieron, fue mediante el uso de empresas fachadas, factureras, operaciones simuladas, retiros de dinero desde cuentas del gobierno, uso de prestanombres, bancarización de efectivo, creaciones de empresas financieras que simularon préstamos, depósitos y se habla del financiamiento a grupos delictivos.