CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

La llegada de los Vice Fiscales a la Fiscalía Anticorrupción, ‘sembró’ un nuevo freno y enfrentamiento al otorgar el juez de distrito Juan Fernando Alvarado López, una suspensión a favor del Fiscal Raúl Ramírez Castañeda para que no tomaran posesión de sus cargos los nuevos funcionarios.

El juez Juan Fernando Alvarado, ha respondido a los intereses de funcionarios del gobierno anterior en todas sus procesos de amparo, particularmente en favor del ex gobernador Cabeza de Vaca.

Ahora, cedió una nueva suspensión a efecto de que no se le aplique al Fiscal Raúl Ramírez, la reforma recientemente aprobada por el Congreso del Estado y en la cual, se crean las Vice Fiscalías Especializadas en Procesos Penales de Hechos en Materia de Corrupción y la Vicefiscal Especializado en la Investigación de Hechos en Materia de Corrupción.

Las dos ViceFiscalías forman parte de la Fiscal General de Justicia del Estado y fue la responsable de entregar los nombramientos a sus nuevos titulares, pero de forma meteórica, el juez Alvarado López le otorgó el nuevo blindaje a Ramírez Castañeda.

La acción emprendida es considerada como un acto para paralizar al Congreso de Tamaulipas, pues bajo este razonamiento, este poder, no podría modificar las normas de la institución pues, a juicio del juzgador, se vulneran los derechos del actual Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

En octubre el Congreso del Estado determinó separar temporalmente de su cargo a Ramírez Castañeda, al iniciar en su contra un procedimiento de remoción debido a la falta del cumplimiento de los requisitos fundamentales para ejercer el cargo, específicamente, la no acreditación de las evaluaciones de control y confianza.

Días después, el mismo juez Alvarado López permitió a Ramírez Castañeda reincorporarse a sus funciones y ha trascendido que como una reacción, se ha incurrido en violencia laboral, tratos crueles y denigrantes en contra de los propios trabajadores de la citada fiscalía.

El pasado 24 de octubre, entró en vigor la reformada Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Ramírez Castañeda decidió actuar en contra de esta acción legal aprobada por mayoría.

Dentro de sus argumentos, dijo que “se restringen y se limitan sus funciones”, recibiendo respuesta favorable a su improcedente petición.

La Ley de Amparo dispone que es improcedente el juicio constitucional contra actos inherentes a los nombramientos que en ejercicio de su soberanía correspondan a los congresos locales, sin embargo se hizo notar una evidente protección.