CIUDAD DE MÉXICO.
Aunque en los hechos la contienda electoral arrancó hace unos meses, con los procesos internos de los partidos para elegir a sus candidatos presidenciales, de manera legal el proceso electoral 2024 iniciará el próximo jueves 7 de septiembre.
Este proceso electoral está considerado como el más grande de la historia por el número de cargos que se elegirán, pues a nivel federal no sólo se renovará la Presidencia, también las Cámaras de Diputados y Senadores.
Además, están en juego ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, mil 98 diputaciones locales y mil 803 Presidencias Municipales, por lo que las 32 entidades federativas tendrán algún tipo de elección. Así como 431 cargos elegidos por usos y costumbres.
La sucesión adelantada
Por primera vez, la sucesión presidencial se adelantó un año.Desde junio de 2022, Morena dio banderazo a sus cuatro corcholatas para que iniciaran la competencia interna, por lo que, desde sus posiciones como funcionarios, arrancaron su proselitismo y la conformación de sus equipos.
Esto provocó cientos de denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña por parte de los partidos de Oposición. Sin embargo, no hubo, por parte de las autoridades, acciones contundentes para frenar dicho activismo.
En mayo, el PRI, PAN y PRD decidieron seguir los pasos de Morena.
Así, ambos bloques realizaron procesos internos disfrazados de actos partidistas y tendrán candidato presidencial cinco meses antes del periodo legal, por ello llevarán otro nombre hasta que la ley les permita llamarlos precandidatos o candidatos.
En el caso de la 4T, el 6 de septiembre dará a conocer quién encabezará la candidatura, mientras que el Frente Amplio por México, tras la renuncia de Beatriz Paredes, tendrá como abanderada a Xóchitl Gálvez, quien será ungida hoy domingo en el Ángel de la Independencia.
La ley establece que el 1 de noviembre arrancan las precampañas para que los partidos elijan a su candidato presidencial, sin embargo, como estos ya están seleccionados, se prevé que usarán el tiempo para promoverse, pese a las limitaciones legales.
Los institutos políticos también iniciarán con la definición de candidaturas a gobernadores y legisladores federales antes del tiempo establecido.
Aún está por verse si los partidos arrancan el proceso electoral en unidad, pues, en el caso de Morena, la expectativa está en las acciones que tomará Marcelo Ebrard si no obtiene la candidatura presidencial.
En el Frente, existen dudas sobre cómo actuarán priistas y panistas, pues un sector de esos partidos no simpatizan con la definición de Gálvez. Además de las fracturas internas que han acumulado ambos institutos políticos en los últimos años.
Movimiento Ciudadano también vive una disputa al interior, porque un grupo de líderes exige ir en alianza con el FAM y otro, encabezado por su fundador, Dante Delgado, busca que el partido juegue solo.
La injerencia presidencial
Este proceso arranca con la sombra de la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador en asuntos electorales.
Esto por la tarjeta roja que le ha sacado la autoridad electoral en comicios locales, pues ha usado su conferencia mañanera para enaltecer a su movimiento y descalificar a la Oposición.
Rumbo a la elección presidencial, el Primer Mandatario ha hecho lo mismo, incluso, ha publicado en ese espacio encuestas sobre las preferencias electorales. Su argumento es que ejerce su libertad de expresión, y los antecesores compraban el voto con actos de corrupción.
“Pese a que se le ha reconvenido en decenas de ocasiones para que no se involucre en asuntos electorales, el Presidente casi todos los días habla de las elecciones y toma partido. En México está prohibido por la Constitución la opinión del Presidente en ese rubro.
“El INE tiene limitantes para hacer valer las normas porque sólo puede dictar medidas cautelares (llamados para que no lo haga), y el Tribunal Electoral sí puede imponer sanciones, pero no en el caso del Presidente. Hoy se dictan decenas de medidas, pero sencillamente no le hace caso”, advierte el consejero, Jaime Rivera.
El también presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE alerta que tras las nuevas reglas, producto de la intervención del Presidente en la elección de 2006, ahora sí existe riesgo de la nulidad de la elección si el Primer Mandatario continúa con su injerencia.
Los retos del INE
Aunque el INE dejó atrás la preocupación de una reforma electoral para este proceso, sí enfrentará diversos retos en la organización.
Para empezar, en comparación con la elección del 2018, el próximo año votarán 10 millones de mexicanos más.
Aunado a ello, el INE participará en el desarrollo de procesos electorales locales en las 32 entidades del País.
La elección de 2018 costó 7 mil 144 millones de pesos, y para la de 2024 se prevé un gasto de 9 mil 355 millones. Además de que la aportación del Instituto a los procesos locales subirá de 20 millones a 81 millones.
Con una mejor relación política entre el INE y el Presidente de la República, los consejeros confían en que no habrá recorte como en los últimos cuatro años.
Así, a partir del 7 de septiembre, cerca de 18 mil empleados base, y más de 60 mil contratados para este proceso, trabajaran prácticamente todos los días para llevar a buen puerto la elección del 2 de junio del 2024.
“Es la primera vez que habrá elecciones en las 32 entidades, junto con las elecciones federales, y esto le da una densidad mayor. El INE tiene una capacidad probada, y un sistema de normas que incide y permite asegurar la certeza de las elecciones, pero mantener el ritmo, la supervisión y la firmeza en cada uno de los eslabones es un reto”, señala Rivera.
El consejero reconoce que la fiscalización representa un desafío, por el número de candidaturas que se tendrá que supervisar.
“Habrá dificultad desde antes de las precampañas, no será fácil comprobar el origen y destino de los gastos, ni tampoco será fácil establecer sanciones porque hay muchos vacíos legales”, añade.
El consejero advierte que la seguridad sí es una preocupación, ante al incremento de la violencia y presencia del crimen organizado en el País.
Lo nuevo sobre el 2018
En comparación con la elección de 2018, en la contienda de 2024 habrá ejercicios nuevos o ampliados que implicarán más retos en la organización.
Por ejemplo, el voto en prisión preventiva se aplicó por primera vez en una elección federal de 2021, tras una sentencia del Tribunal Electoral, pero al ser una prueba sólo abarcó cinco penales federales y votaron 898 presos.
La autoridad tendrá que decidir si se aplica en los 15 penales federales y 251 estatales, donde están miles de personas en prisión preventiva.
Se efectuará el Voto Anticipado, que permite a ciudadanos con alguna discapacidad o dificultad para moverse que lo hagan desde su domicilio y por la vía postal.
En 2021, se aplicaron acciones afirmativas para garantizar que los partidos dieran candidaturas a migrantes, indígenas, jóvenes, diversidad sexual o discapacitados. En esta elección, afirman consejeros, se agregarán nuevas variantes, además de endurecer los requisitos para que los institutos políticos no hagan trampa o simulaciones en las designaciones.
Otro programa que se modificará es el voto de los mexicanos en el exterior, pues en comparación con el 2018 no sólo será postal, también por internet y de manera presencial en 20 consulados.
Además de que se cambió la estrategia para que más mexicanos emitan su sufragio, pues en 2018 únicamente votaron 98 mil 470 connacionales, cuando pudieron hacerlo más de un millón.
Los partidos también se enfrentarán a reglas más rigurosas sobre violencia política de género. El INE deberá elaborar una decena de lineamientos para regular situaciones que no están en la ley, como garantizar paridad en gubernaturas.
Lo que está en juego
A nivel federal se elige:
Presidencia de la República
500 Diputados
128 Senadores
Las 32 entidades tendrán algún tipo de elección:
8 gubernaturas
1 Jefatura de Gobierno
1, 098 diputaciones locales
1, 803 Presidencias Municipales
431 cargos elegidos por usos y costumbres
Padrón electoral:
98 millones (52% mujeres y 48% hombres)
Casillas a instalar: 170 mil 003 en las 32 entidades
Funcionarios de casilla: Aproximadamente 850 mil
Costo: 9 mil 355 millones de pesos
Particularidades de este proceso:
Voto en prisión preventiva
Voto anticipado
Ampliación del voto en el extranjero
Aplicación de la paridad
Reforma sobre violencia política contra las mujeres
Fechas:
Proceso federal: 7 de septiembre, arranque del proceso
Procesos locales: Entre el 1 de septiembre de 2023 y el 13 de enero de 2024
Inicio de precampañas: 1 de noviembre de 2023
Inicio de campañas: 1 de marzo de 2024