Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Los integrantes de la Diputación Permanente exigieron al Poder Ejecutivo, entregue un informe sobre las denuncias de corrupción de la pasada administración y que se detectaron durante el proceso de entrega recepción.

Humberto Prieto Herrera, Presidente de la Comisión Permanente, expuso que las denuncias fueron interpuestas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Recordó que durante una comparecencia del Fiscal Anticorrupción, reconoció que existían cerca de 400 carpetas de investigación y de las cuales sólo 29 se habían judicializado.

“Resulta sumamente preocupante, pues la dilación presume la existencia de omisiones o actos tendientes al ocultamiento de información relevante para el cabal cumplimiento de su función”, expuso el legislador.

Durante esa misma comparecencia, el Fiscal dio a conocer la interposición de 47 denuncias emanadas del Ejecutivo Estatal en turno, en contra de servidores públicos pertenecientes al gobierno saliente; es decir, de la administración que abarcó el periodo de 2016 a 2022, así como también, de quienes resulten responsables por hechos considerados como delitos.

Humberto Prieto, expuso que el Fiscal Anticorrupción a esta fecha, se tiene noticia de que se han acumulado ya más de 50 denuncias presentadas por las diversas dependencias del Poder Ejecutivo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, una vez presentadas las denuncias, debió actuar apegada a los principios que le rigen; es decir, “de legalidad”, en la obligación de investigar una vez que se tiene conocimiento de la denuncia.

“No obstante, todo indica que las dilaciones en las investigaciones a que se ha hecho referencia, se han realizado en desapego a los principios citados, desvirtuando la función de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y generando con ello el aumento en los niveles de desconfianza”.

“Es por ello, que en la intención de abundar sobre el tema, resulta necesario conocer por parte del ámbito accionante de las denuncias, es decir, el Poder Ejecutivo estatal, el estado procesal que guardan las carpetas de investigación a las cuales, éste tiene total acceso”.

Considera que se debe tener conocimiento de posibles inconsistencias en la información vertida por la Fiscalía y se pueda determinar la existencia de otras posibles anomalías y se verifique la legalidad del desempeño de este servidor público, quien fue designado por esta Soberanía Popular.