Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

Después de poco más de seis años de estar en dos prisiones, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, abandonó el penal de “Antonio Sánchez Galindo” en el municipio de Tenango, en el Estado de México.

La libertad de Eugenio, se da una vez que el juez Primero de Distrito en estado de Tamaulipas Genaro Antonio Valerio Pinillos, eliminó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para que pueda seguir su proceso de extradición en libertad y desde su domicilio.

El juez solicitó el pago de una fianza de cinco millones de pesos y solicitó el pasaporte del ex mandatario quien tendrá prohibido viajar al extranjero pero podrá estar en cualquier parte del país.

Hernández Flores, fue detenido en Ciudad Victoria en octubre del 2017 en la capital del Estado, y encerrado en el penal de esta ciudad donde estuvo hasta el 2018.

De acuerdo a la información de su abogado José Javier López García, el ex gobernador ha legrado quedar absuelto de todas las acusaciones que el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca le hizo a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Dentro del expediente 1820/2020 en el cual concede un amparo para que el juez, quien emitió la prisión preventiva justificada, cese por motivos constitucionales por haberse violado sus derechos humanos.

El ex gobernador de Tamaulipas abandonaría el penal del Estado de México a las 20:55 en una Suburban blanca donde viajaban sus abogados, su ex jefe de prensa Mario Ruiz Pachucha y uno de sus familiares.

Por su parte la Fiscalía General de la República -FGR- confirmó que el Juez Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, en el juicio de amparo 788/2018, concedió la libertad durante el juicio de extradición 1/2017 seguido contra Eugenio “H”, ex gobernador de Tamaulipas, reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América para llevarle juicio por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia.

En este sentido, sólo se le condicionó a exhibir una fianza por cinco millones de pesos, que le costará al requerido, el 10% de dicho monto, a pesar del evidente riesgo de evasión del buscado, ya que se ha declarado procedente su extradición, misma que el afectado ha dilatado mediante el juicio de amparo, ante lo que el Ministerio Público Federal, está interponiendo el recurso de revisión, sin embargo, de exhibir la garantía, podría quedar en libertad.

Estados Unidos lo acusa de que, en complicidad con su cuñado, establecieron empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos estatales; aperturó cuentas bancarias en los Estados Unidos de América por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero del propio país, con la finalidad de depositar los fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar el dinero sustraído.

Desde enero del 2018, otro Juez Federal aprobó la extradición a los Estados Unidos de América. En marzo del 2018 el Gobierno de México concedió la extradición, pero en abril del 2018 el Juez de Amparo admitió la demanda en contra del acuerdo que concede su extradición; en esa misma fecha, el Juez concedió suspensión de plano para que no sea ejecutada la extradición y hasta la fecha no ha resuelto el juicio de amparo, a pesar de que han pasado 5 años y ahora le concede la libertad argumentando que no había una prisión preventiva dictada por la autoridad judicial, sin embargo, el juez de amparo lo tenía a su disposición para efectos del juicio, ya que si no existiera ese juicio se le habría extraditado desde el 2018.

En este caso, se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por las autoridades de otro país, con una garantía ilusoria, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales mediante el saqueo de fondos públicos mexicanos, sólo porque el juicio se ha extendido en razón de las dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, y por dilaciones del mismo juzgador, que ahora las usa a su favor.