Por Arturo Rosas H.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA- deberá proceder a la “inmediata reparación del daño” ocasionado cinco jóvenes que fueron asesinados en la ciudad de Nuevo Laredo el 18 de mayo de este año.

De acuerdo a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el alcance de esta acción incluye a la familia de los jóvenes, en especial a los descendientes que se acrediten.

A las familias, se les otorgará atención médica, psicológica y tanatológica que necesiten, las cuales se les deberá brindar por personal especializado ajeno a la SEDENA, de manera gratuita, de forma continua y atendiendo a las condiciones específicas de las víctimas indirectas.

“La SEDENA deberá colaborar ampliamente en la integración de la carpeta de investigación en curso en la FGR, y en la causa penal que se tramita en el fuero militar, ambas en contra de las personas servidoras públicas señaladas como participantes en los hechos; y deberá colaborar ampliamente en el trámite y seguimiento del procedimiento administrativo y de disciplina militar que se inicie ante el Órgano Interno de Control de la SEDENA, con motivo de la denuncia administrativa que formulará la CNDH”, se expone.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 119VG/2023 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, en agravio de cinco personas que fueron interceptadas a bordo de un vehículo por 4 elementos de la SEDENA en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 18 de mayo de 2023.

Además, destaca que estas violaciones afectaron a los núcleos familiares de las víctimas, a quienes se les transgredió su derecho de acceso a la justicia, por obstrucción en el curso legal de una carpeta de investigación, y no han accedido a la justicia pronta ni a la reparación integral de daños que por derecho les corresponde.

La CNDH, detalla que 6 de junio de 2023, esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de notas periodísticas que referían que el 18 de mayo de 2023, elementos del ejército mexicano reportaron que cinco civiles armados murieron en un enfrentamiento en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin embargo, en una videograbación se mostró otra sucesión de hechos, por lo que se inició la queja de oficio con el objetivo de indagar sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos de la SEDENA.

Con los elementos recabados, la CNDH pudo evidenciar que las cinco personas interceptadas por los elementos castrenses fueron víctimas de privación arbitraria de la vida a través del uso ilegítimo de armas de fuego por cuatro elementos militares, con lo cual transgredieron derechos constitucionales y los previstos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta Comisión Nacional también acreditó que un perito responsable de la FGR, responsable del análisis y elaboración de los dictámenes de mecánica de lesiones de las víctimas, concluyó que existía correlación entre los hechos narrados en el Informe Policial Homologado, suscrito por un oficial del Ejército Mexicano, y las lesiones descritas por las documentales médicas, lo que resultó falso.

Por ello, se acordó que la FGR deberá colaborar ampliamente en el seguimiento de la denuncia de hechos que está CNDH presente en contra del perito oficial señalado por las acciones y omisiones en que incurrió en el ámbito de su responsabilidad, para el desahogo de la investigación, y que se inicie el procedimiento judicial que corresponda para que se investigue y sancione conforme a derecho proceda.