CIUDAD DE MÉXICO.

A pesar de los avances logrados a nivel federal, todavía existen en México 22 entidades federativas en las que no existe legislación que castigue el ataque con ácido o cualquier otra sustancia química en contra de mujeres, por lo que el Congreso de la Unión prepara un llamado a que esos estados actualicen el marco jurídico que castigue ese delito.

Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas carecen de un marco jurídico que castigue este tipo de agresiones contra las personas, de acuerdo con el análisis hecho por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tan sólo en los últimos 18 meses, el Congreso de la Unión ha aprobado tres reformas para castigar con severidad los ataques con ácido o cualquier otro elemento químico en contra de mujeres, aunque sólo una de ellas es una realidad y las otras dos están atoradas en ambas Cámaras.

Pero ese ritmo asumido por los legisladores federales no se ha replicado en las entidades federativas; por eso, la Comisión Permanente llama a estos 22 estados a “visibilizar e incorporar en sus legislaciones correspondientes el delito de agresiones inferidas con ácido o sustancias similares, así como sus agravantes cuando se trate de actos premeditados en contra de una mujer, imponiendo penas severas y contemplando la reparación de los daños causados a la víctima”.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Congreso de la Unión definió como violencia física “cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”.

Pero después, el Congreso de la Unión quedó atrapado en una serie de reformas que han nacido en ambas Cámaras, pero que no se han avalado por la colegisladora, como es el caso de la adición de un artículo 297 Bis al Código Penal Federal, que establece que “se impondrán de siete a trece años de prisión y multa de trecientas a setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por sí o por interpósita persona, cause a otro lesiones, usando para ello cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares.

Esta reforma, avalada en el Senado, está desde noviembre del 2022 en comisiones de la Cámara de Diputados, que a su vez aprobó otra reforma, en marzo del 2023, con diversos cambios al Código Penal Federal, que tiene condenas similares a las aprobadas en el Senado, pero adiciona un capítulo al Código específico para estas agresiones; esa minuta de Diputados está en el Senado y no se ha avalado.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, llamó a las instituciones del Estado a cerrar filas ante el delito de la trata de personas.

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, Encinas convocó también a que los Poderes de la Unión y los gobiernos estatales y municipales se sumen para fortalecer las políticas públicas de prevención de este delito.

En su cuenta de Twitter, publicó un video en el que insistió en que se deben sumar todos los esfuerzos y aumentar la coordinación entre todos los órdenes de gobierno, así como en la relación con las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y la academia para impedir que este delito siga creciendo y se mantenga en la impunidad.

Por su parte, Rosario Ibarra, titular de la CNDH dijo que la lucha contra la trata, la detección e identificación de las víctimas es un gran desafío para las autoridades, por lo que reiteró su compromiso para prevenir y erradicar este delito.

A su vez, la Arquidiócesis Primada de México llamó a autoridades y sociedad a construir un frente común en contra de este ilícito que “desfigura la dignidad de las personas”.

Con información de Laura Toribio, Patricia Rodríguez Calva e Isabel Aguirre