Por: Isaac MOLINA ZAPATA.
TAMPICO, Tamaulipas.
Definitivamente la nueva medida que sancionará a los padres que no cumplan con las obligaciones alimenticias con sus menores hijos, es una excelente ley que combatirá este problema social que va creciendo en Tamaulipas y en el país.
Lo anterior lo informó el Lic. Carlos Pérez Hernández, añadiendo que se trata de una figura que se está implementando y una de las voces que se estaban levantando era que todos los políticos cumplieran con la Ley 3 de 3, “esto es una consecuencia de ello, en el sentido de que aquellas personas que no cumplan con sus obligaciones alimenticias hacia los menores de edad a los que les deban de proporcionar sus alimentos, van a ser inscritos en un padrón de deudores alimentistas”.
El conocido notario público resaltó que aquí lo interesante es que ahora sí a la ley le pusieron un poco más de rigor, para que toda aquella persona que se encuentre en esa hipótesis de no darle alimentos a sus menores hijos, no pueda ser candidato de ningún partido.
Asimismo tampoco podrá tramitar su INE, ni podrá tramitar su pasaporte, ni podrá hacer operaciones traslativas de dominio en las notarías, ni crear sociedades, “nosotros vamos a tener que estar verificando que la persona que acuda ante nosotros no esté inscrita en el Registro Nacional de deudores Alimentistas”.
Carlos Pérez mencionó que es una muy buena ley, “porque al final del camino traemos un problema muy fuerte a nivel nacional y social de que muchos padres no proporcionan alimentos a sus menores hijos”.
Destacó que se ha hablado de que si es inconstitucional o no, sin embargo se ha estado haciendo a través de las reformas constitucionales adecuadas para que en un momento dado no sea atacada, independientemente de que es un ley que se sacó adelante muy rápido por parte de la bancada de Morena, “esperemos que no sea objetada por otro partido porque es una muy buena ley”.
Ya está publicada por el presidente de la República, sin embargo esta ley tiene que irse preparando y se va a estar aplicando hasta dentro de dos años, “porque tenemos que implementar, hacer el registro, y los estados tienen que hacer las adecuaciones en sus leyes, para que se aplique”, explicó el experimentado abogado porteño.
Por último, sostuvo que debido a que ya fue aprobada no se puede modificar, pues así está la ley, a menos de que sea tumbada por la SCJN, por lo que hay que esperar un tiempo prudente.
