CIUDAD DE MÉXICO.

Por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México ratificó la orden para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado, a fin de elegir a una de las tres vacantes que existen en el pleno del Inai.

El fallo, de naturaleza inapelable, calificó de infundados los recursos de queja promovidos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y de la Comisión Permanente, a través de los cuales pretendían echar abajo la suspensión otorgada por un tribunal federal que ordenó, desde la semana pasada, convocar a un periodo extraordinario de sesiones la designación, con la cual el Inai recobraría el quórum suficiente para votar los asuntos en materia de transparencia y que no ha podido resolver desde abril pasado.

Consultado por Excélsior, Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del Inai, explicó que, si la Jucopo del Senado y la Comisión Permanente se niegan a acatar la resolución judicial, se procedería penalmente en contra de sus integrantes.

Explicó que, en dado caso, los integrantes de la Jucopo del Senado se haría acreedores a un apercibimiento económico de unos 10 mil 400 pesos, además de que se les denunciaría ante el Ministerio Público “por si hubiera alguna conducta que pueden cuadrar como delito”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo.

Dicho artículo determina una pena de tres a nueve años de prisión, multa económica y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, al servidor público que, con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, no obedezca un acto de suspensión notificado.

En tanto, quienes integran la Comisión Permanente y pueden determinar convocar a un periodo extraordinario para que votar la propuesta de comisionado del Inai (la Mesa Directiva) también podrían obtener una multa de cinco mil 187 pesos (50 UMA), que se incrementaría gradualmente hasta a 103 mil 740 pesos (1000 UMA).

Sin embargo, Ciscomani Freaner admite que se trata de una situación compleja, dado que serían legisladores los que caerían en desacato.